CRISIS Y RECONSTRUCCION DEL ORDEN EN
LA CAMPAÑA DE BUENOS AIRES
Estado y sociedad en la primera mitad
del siglo XIX
Paginas: 6 a 31.
Jorge Gelman.
La Revolución de Mayo va a
promover fuertes cambios y plantear serios desafíos en diversos aspectos de la
vida política, social, económica y cultural del Río de la Plata. Uno de los más
inmediatos será el de la construcción de un orden legítima, con reglas
aceptadas medianamente por la mayoría de la sociedad y un aparato estatal capaz
de aplicarlas.
Durante el período
colonial, esto se había garantizado fundamentalmente mediante un complejo
sistema de negociaciones entre los diversos sectores dominantes y el resto de
la sociedad, que reconocían en la Corona y sus representantes locales un poder
de arbitraje que articulaban los diferentes intereses y permitía la
reproducción social. Si bien la coacción y la represión no estaban ausentes del sistema de
dominación colonial, la clave del éxito y de la perduración del régimen parece
encontrarse más bien en una especie de consenso que colocaba a la justicia real
en el centro de la resolución de los conflictos.
Si esto era en
parte verdad para el conjunto de América, en la región de Buenos Aires y su
campaña parece haber funcionado de manera muy aceitada, dado que sus diferentes
sectores sociales parecen haber encontrado el espacio suficiente para desplegar
sus intereses particulares, sin enfrentarse abiertamente con los demás. Los estudios sobre el mundo rural tardocolonial en
la región nos muestran un proceso de crecimiento económico y demográfico, que
permite una ocupación del espacio por distintos tipos de familias, productores
medios y pequeños, vinculados con los mercados, con cierto grado de movilidad
social y a su vez articulados con una ciudad y sus elites, todavía dedicados
centralmente a organizar un comercio de larga distancia y poco interesados en
ese hinterland cercano, si no era
para garantizar el abasto de la ciudad. Estas elites urbanas y el
aparato estatal parecían interesados sobre todo en mantener la paz y la
concordia en la campaña cercana.
La Revolución, sin
embargo, parece traer fuentes vientos de cambio en este contexto. Por un lado,
las elites urbanas van a interesarse cada vez más en explotar la campaña de
Buenos Aires,[1] Se van a empezar a constituir algunas grandes empresas
agrarias que van a entrar en fricción con las persistentes familias campesinas
y sus antiguas prácticas de reproducción social, y sobre todo este proceso de
cambios y conflictos carecerá en un inicio del marco de contención y control
que permita regular los intereses en pugna. Si algún cambio drástico e
inmediato se produce luego de la Revolución de Mayo es la crisis de un orden legítimo,
que ni siquiera podrá ser compensado por la existencia de un aparato
coercitivo ya muy reducido en la época colonial y que se debilita y entra en
crisis con la revolución.
La sucesión
de gobiernos, leyes, la formación y disolución de cuerpos administrativos,
militares, policiales, son la expansión dramática de esta situación, que tendrá
uno de sus puntos culminantes en la llamada anarquía del año veinte. En
este contexto algunos de los sectores dirigentes locales comenzarán a pensar
soluciones nuevas para reencontrar la paz perdida.
La visión más
aceptada en la historiografía coincide en que los nuevos sectores propietarios
de la provincia de Buenos Aires, los grandes estancieros, van a adquirir
centralidad en el manejo de los intereses públicos. Esta situación se expresa
ya en el gobierno de Martín Rodríguez y tendrá su culminación en el longevo
mandato del primer estanciero Juan Manuel de Rosas. Estos
aplicaran una decidida política que favorecerá a esos sectores propietarios,
pero para hacerlo deberán reconstruir el orden y desplegar un nuevo y aumentado
aparato de coerción que en la campaña tendrá sus puntales en los distintos
cuerpos militares y policiales y sobre todo cada vez más en un cuerpo de
funcionarios adictos al gobierno, los Jueces de Paz y sus subordinados, los
Alcaldes y Tenientes Alcaldes; para controlar a la población y reglar los
conflictos. Según una buena parte de la literatura estos cuerpos de funcionarios representan de
manera fiel las nuevas jerarquías sociales de la provincia: tanto en el
ejército como en el cuerpo administrativo, las
instancias de mando se encuentran en los grandes propietarios. Los gauchos y campesinos sólo son la carne de cañón
en los cuerpos militares y a su vez son el sujeto coaccionado por los
funcionarios civiles encolumnados firmemente detrás de los intereses
estancieros.
Nuestra hipótesis es que esta imagen refleja muy mal el
complejísimo proceso de construcción de un nuevo orden en la campaña de Buenos
Aires.
De hecho algunos autores plantearon hace ya un tiempo que el proceso de
construcción estatal y del orden procede y es distinto al proceso de
conformación de una clase terrateniente en la región. Y aun el gobierno
de Rosas, surgido de los sectores quizás más lúcidos del grupo de los grandes
terratenientes, deberá encarar políticas que exceden y aun a veces contrarían
los intereses particulares de los grandes propietarios. Estos, y en
especial el Restaurador de las Leyes, parecen
haber comprendido que para reinstalar la paz social, único marco posible para
realizar negocios, era necesario reconocer a la sociedad que los rodeaba, con
sus prácticas antiguas de reproducción social, con sus hábitos nuevos de
participación política. Sólo así se
podría construir un nuevo orden legítimo y con él ir desplegando un eficaz
aparato de contención, constituido por un cuerpo de funcionarios leales al
gobierno, pero también reconocidos y aceptados por la sociedad. Esta,
claro está, era una tarea harto difícil:
apoyarse en la compleja y movilizada sociedad bonaerense para tratar de
construir un aparato de dominación legítimo, que luego fuera alejándose de esa
misma sociedad y respondiera más fácilmente a las órdenes del gobierno y a los
intereses más generales de los sectores dominantes.[2]
Esto es lo que nos proponemos estudiar aquí: la
difícil construcción de aparato estatal eficaz y legítimo en la campaña de
Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, y en especial durante el
gobierno que parece alcanzar este objetivo, el de Rosas. Para ello tomaremos un
aspecto de este proceso, que es del despliegue de los nuevos funcionarios del
ámbito rural desde los años´20, los Jueces de Paz y sus subordinados, los
Alcaldes y Tenientes.
LA LENTA Y DEBIL CONFORMACION DE UN
ELENCO POLITICO EN LA CAMPAÑA
Los Juzgados de Paz son
creados en 1821, cuando se suprime el Cabildo de Buenos Aires y se reorganiza
el sistema político y judicial de la provincia. En cada partido se instalaban
un Juez de Paz, quien a su vez coordinaba un equipo conformado por un Alcalde
para cada cuartel, y sus respectivos Tenientes Alcaldes. Con esto se pretende
suprimir un cuerpo de funcionarios que competía con las autoridades centrales
de cada provincia y crear otro que le fuera subordinado, y a la vez extender y
aumentar el aparato burocrático y judicial a toda la provincia. Las atribuciones de los Jueces de Paz
son diversas, ya que por un lado
son los encargados de hacer cumplir las órdenes del gobierno en sus respectivas
jurisdicciones, pero al mismo tiempo atienden causas judiciales menores y en
primera instancia, con lo cual forman parte del nuevo aparato judicial,
centrado en los Jueces de Primera Instancia, que también se crean en esos
mismos años. Sus funciones de policía cambian a través del tiempo, ya
que inicialmente se crean Comisarías de Campaña que compiten con los Jueces de
Paz y que tienen el control de Alcaldes y Tenientes, pero a lo largo de la
década del 20 esta indefinición se irá inclinando hacia el lado de los Jueces,
que pasarán a controlar a los funcionarios menores, culminando hacia fines de
esa década e inicios de la siguiente con la subordinación de las propias
comisarías a los Juzgados. Es decir que, cuando asume su primer gobierno Rosas,
los Jueces han terminado de convertirse en el centro del aparato
administrativo, coercitivo y judicial de la campaña.
Se trata pues de tener un aparato estatal
ampliado, eficiente y capaz de responder a las iniciativas del gobierno central
de Buenos Aires. Para esto se requería aumentar el personal, delimitar sus
atribuciones y garantizar su fidelidad y adhesión al gobierno.
El número de los
Juzgados de Paz y su personal subalterno se fue realizando progresivamente
acompañando la creación de partidos en la campaña, ya sea como resultado de la
partición de viejos partidos o sobre todo por la creación de nuevos en las
zonas de frontera ganadas al indígena. Así, de los 29 juzgados de
1822, llegamos a 48 en 1852. Este aumento,
bastante impresionante, en realidad es el resultado de un aumento muy gradual y
lento en la mayor parte del período considerado, y un solo momento de aumento
dramático, que se produce en 1840.[3]
Sin embargo, el
aumento en el número de funcionarios no garantizaba por sí mismo la eficiencia
en la administración, ni menos aún la subordinación a la voluntad del gobierno.
Desde un inicio se buscará denodadamente este objetivo. Luego del primer nombramiento de
Jueces de Paz por el gobierno de la ciudad en 1822,
el sistema de elección será por ternas propuestas inicialmente por las
autoridades policiales, hasta que en 1829 se
decide que estas ternas serán elevadas por los propios jueces salientes, a
partir de allí, también el Juez era quien proponía a sus subordinados Alcaldes
y Tenientes, pero en todos los casos el gobierno central tenía la última
palabra en las designaciones. De esta manera, se
buscaba como primer requisito un control de los funcionarios y adhesión a la
causa del gobierno. Lógicamente, esta
búsqueda de adhesión no fue sólo una característica de la administración
rosista, sino de todos los gobiernos bonaerenses. [4]
Las causas de la
dificultad de constituir un elenco de funcionarios aptos y fieles al gobierno
son múltiples y tienen que ver en primera instancia con la propia inestabilidad
política y la falta de un gobierno legítimo. Pero
también debemos agregar a ello la dificultad de constituir un cuerpo de
funcionarios con los escasos recursos financieros que para ello destinaba la
provincia. En efecto, la primera, y no
suficientemente señalada, característica de los Juzgados de Paz es que sus
titulares no estaban rentados por el gobierno. Es decir que el cargo, lejos de
constituir una forma de conseguir ingresos estables, era una carga pública, que
en muchos casos resultaba especialmente ingrata.[5]
En cualquier caso,
el tema de convertir a los Jueces en funcionarios del Estado asalariados fue
discutido durante la primera mitad del siglo XIX.: Manuel Antonio de Castro, uno de los
principales juristas de principios de siglo, propone en 1821 que los Jueces de
Primera Instancia sean asalariados, aunque no propone lo mismo para los Jueces
de Paz. Por su parte; Güret Bellemare, en su Plan General de organización judicial para Buenos Aires de 1829, propone
abiertamente que todos los Jueces sean asalariados del gobierno “para indemnizarlos
de sus trabajos y ponerles al abrigo de toda corrupción”. Este jurista francés,
llegado al Río de la Plata en 1822 y que escribre este “Plan” por pedido de
Dorrego, es claramente partidario de lo que él llama el sistema de Jueces de
Francia, por oposición al inglés.[6] Sin embargo,
estas recomendaciones parecen haber chocado con los problemas financieros de la
provincia y los cargos de los Juzgados continuaron siendo no rentados, salvo
por una cantidad de dinero mensual que se les asigna desde 1835, por haberse hecho cargo de las Comisarías de
Campaña.
El resultado de esto fue un cuerpo de
funcionarios muy inestable, poco formado para la función, muy vinculado con la
sociedad que tenía que gobernar y muy susceptible a los sucesivos cambios de
gobierno y crisis políticas.
Si consideramos el conjunto de los
Jueces de Paz de la campaña de Buenos Aires, desde 1822
hasta 1856, estas conclusiones saltan a la vista. En todo este período
tenemos datos sobre la designación de 1.008 cargos anuales de Jueces de Paz en
los distintos partidos de la campaña y estos cargos fueron ocupados por 437
personas distintas.[7]
De todos modos, sí observamos el cuadro con
las frecuencias, notamos que los Jueces más estables, aquellos que
estuvieron 5 o más años en el cargo, pese a ser una minoría (11,4% de los
Jueces) ocuparon un porcentaje no despreciable del total de cargos anuales
(36,4%).
Es decir que
parece haber un pequeño sector de las personas que llegaron a ocupar los
Juzgados de campaña, que tuvieron la voluntad y la posibilidad de hacerlo por
más tiempo. [8].
En todas las regiones de campaña, en los partidos de más vieja colonización, en
los agrícolas, en los del norte, en los del Salado o en los nuevos de las
afueras del Salado, encontramos partidos con altos niveles de rotación de los
funcionarios, como algunos que tienen mayores índices de concentración de los
cargos.[9]
Donde sí podemos percibir cierto
patrón de cambio es con el transcurso del tiempo. Si bien los jueces más
longevos en sus cargos se inician en sus funciones en casi todos los años que
estamos considerando, parece haber un cambio
considerable desde el 2do gobierno de Rosas, con la constitución de un elenco
de Jueces relativamente más duraderos.
A pesar que en los primeros años hay
mayor probabilidad estadística de figurar con mayor duración en los cargos, la
realidad es que entre 1822 y 1834 tenemos 22
personas que inician una carrera en los Juzgados con 5 o más años de permanencia y entre 1835 y
1841 tenemos a 28 personas en esa condición. En realidad, el año clave para haber iniciado una carrera
duradera en un Juzgado de Paz para ser 1838 con
14 personas que se inician como Jueces y perduran en sus cargos. Es decir que
creemos que por estos años el rosismo parece haber tenido cierto éxito en
constituir un elenco relativamente estable de funcionarios, y que aquellos que
logran pasar exitosamente la “crisis de 1839/1840” tendrán fuertes chances de
ser incluidos en ese aparato estatal estable.
De todos modos
sigue siendo cierto que, aun después de iniciado el segundo rosismo, la mayoría
de los Jueces de Paz lo serán por poco tiempo. Y, como decíamos, en esto
influyen tanto la dificultad de reclutar personas idóneas y fieles a la causa,
como las propias crisis políticas. Las mayores crisis
políticas de la provincia en el periodo considerado se reflejan a nivel de los
funcionarios de los Juzgados: entre 1828 y 1829
la rotación del personal político es enorme, al igual que sucederá en 1852.[10].
La crisis del 1839/1840 nos muestra un
perfil claramente distinto y que es sin duda el reflejo de ese éxito que
señalábamos del segundo gobierno de Rosas: en 1840
quedan en sus cargos 29 de los 33 jueces[11] .
En resumen, tenemos aquí el escenario de un intento y sus límites. El aparato estatal busca
ampliarse y fortalecerse en la campaña que se agranda y se puebla en toda la
primera mitad del siglo XIX. Pero las sucesivas autoridades de la ciudad
tendrán serias dificultades en constituir un elenco más o menos estable y fiel
de funcionarios, frente a la escasez de recursos y las recurrentes crisis
políticas. Para constituir ese elenco estable y legítimo deberán apoyarse en la
propia sociedad y esto se nota claramente si estudiamos quienes fueron esos
funcionarios.
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD O EL ESTADO
ES LA SOCIEDAD
EL PERFIL DE LOS FUNCIONARIOS
Si estudiamos las
características personales y el perfil socioeconómico de los Jueces de Paz
durante la primera mitad del siglo XIX, difícilmente podamos sostener la imagen
de buena parte de la historiografía: un cuerpo de funcionarios, que en su
cúspide refleja al sector más poderoso de los estancieros de la campaña. Contamos ya con un estudio de este tipo para los Alcaldes y Tenientes
de 6 partidos de la campaña y allí se ve muy bien que en el nivel más bajo de
la administración se ve representado casi el conjunto de la sociedad rural, y
no su sector más poderoso.[12]
Más bien, los Alcaldes y Tenientes representan a los
sectores medios y medios bajos de los pastores y labradores de la campaña,
sumado a algunos sectores de servicios de los pueblos rurales.
Veamos que sucede con los
Jueces de Paz, donde en principio sí deberíamos encontrar a los sectores más
ricos de la campaña.
En
primer lugar, lo que parece evidente a nivel de los
Jueces de Paz es que se trata de personas de edad madura, con familia y, si no
originarios, al menos con larga residencia en la campaña de Buenos Aires. Lo que los
gobiernos parecen buscar en estos funcionarios son personas que por su propia
situación tiendan a la estabilidad (en una sociedad extremadamente móvil) con
intereses personales que defender y con ascendiente sobre la población por su
larga vinculación con los pagos. El promedio de edad es de 42 años (sobre 95
casos), prácticamente todos son casados o viudos con hijos y una amplísima
mayoría ha nacido en la provincia de Buenos Aires, aunque pocos en el propio
partido que llegan a administrar.
Además, una buena cantidad de los Jueces ha ejercido previamente los cargos de
Alcalde o Teniente, poniendo a prueba su capacidad para ejercer esas funciones.
En el nivel
de Alcaldes y Tenientes había un lugar importante para los numerosísimos
migrantes del litoral e interior que poblaban la campaña de Buenos Aires, a
nivel de los Jueces este lugar se ha reducido mucho, ya que en el 82,4% de los
casos son originarios de la provincia. Con
todo, y esto refleja el propio proceso de corrimiento de la frontera y la
fuerte movilidad de la población,[13] .
En cuanto a
la actividad económica que desarrollan estos Jueces, aparece una amplia mayoría
dedicada a la ganadería, aunque queda un espacio razonable para los
comerciantes y labradores.
Sin embargo este predominio
de ganaderos, no significa en absoluto la presencia mayoritaria de los
estancieros más ricos de la campaña porteña.
En muchas de las ternas que se elevan
se indica si la fortuna del candidato es “Muy Buena”, “Buena”, “Regular”, o
directamente “Escasa”. Si en esta última categoría encontramos sólo dos Jueces,
también encontramos muy pocos entre los de “Muy Buena” fortuna (5 casos) 21 con
“Buena” y 30 con “Regular”. Obviamente resulta aventurado sacar muchas
conclusiones sobre la bases de categorías tan imprecisas como las anteriores,
pero en unos cuantos casos tenemos datos sobre capital poseído o sobre stock
ganadero. Y aquí las dudas son mucho menores.
Los Jueces cuyo capital
conocemos tienen en promedio 51.000 pesos, lo cual no parece una cifra
impresionante. [14] Si observamos el stock
ganadero, a partir de la información de los censos de 1836/1837 los datos son
menos impresionantes aún: el promedio de un millar de vacunas, 700 ovinos y 157
equinos refleja claramente a los sectores
medios de la campaña. Sólo 7 tienen stocks realmente importantes, pero la
mayoría alcanza apenas algunos centenares de animales. De hecho, si comparamos estos datos
con los de la distribución del ganado para el conjunto de la campaña sur de
Buenos Aires, que analizamos en otro lado, tenemos en los Jueces una muestra
casi perfecta de los distintos tipos de propietarios de la campaña.
Se
podría pensar quizás que la mayoría de estos propietarios pobres o medios de la
campaña pasaban fugazmente por los cargos de Jueces de Paz, mientras que los
más ricos eran los que permanecían muchos años en el cargo. Los datos de que
disponemos no sostienen en absoluto esta hipótesis sino incluso, en parte, lo
contrario:
del listado inicial de 142 jueces ternados cuyos datos evaluamos, hay 33 que
permanecen en sus cargos 5 o más años.[15]
Es decir que lo que estos
datos nos muestran con bastante elocuencia es que los Jueces de Paz no eran
reclutados con preferencia entre los sectores más ricos de la campaña, sino
entre los sectores medios y medios bajos y que de alguna manera los más altos
funcionarios rurales reflejaban bastante bien al conjunto de la sociedad. Por
supuesto que en este nivel hay algunos excluidos, como en general también lo
están entre los Alcaldes y Tenientes: en primer lugar las mujeres, aunque
algunas de ellas fueran titulares de familias, y a veces de importantes
propiedades; no encontraremos allí a los migrantes recientes[16]
y tampoco encontramos a los peones (que a su vez eran en gran medida migrantes
recientes) los
Jueces reflejan más bien una sociedad de propietarios, ni muy ricos ni
extremadamente pobres, de edad avanzada, nacidos en la provincia o con muchos
años de residencia, casados y con familia. De alguna manera podríamos pensar,
junto con Cansanello, que reflejan una comunidad de vecinos, en la cual la
distinción no pasa tanto por la pertenencia a una clase social o por el nivel
de riqueza, sino por la inserción en esa comunidad con toda una serie de
derechos adquiridos, pero también de respeto de tradiciones y obligaciones.
En cualquier
caso, sacando esos extremos que se encuentran excluidos de la función pública casi
por definición, podemos encontrarnos Jueces de Paz de casi todos los sectores
de ese complejo mundo de propietarios que componen la sociedad de la campaña de
Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX.
Podríamos acaso decir que el Estado refleja a esa
sociedad, o aún más que “es la sociedad”. Este perfil de los funcionarios nos
muestra que los gobiernos de la ciudad debieron apoyarse en la compleja
sociedad de la campaña para tratar de construir un aparato estatal. Y esto
tenía obviamente un precio: con ese cuerpo de funcionarios resultaba difícil
imponer un orden distinto del que los pobladores de la campaña consideraban
legítimo.
ORDEN ANTIGUO, POLITIZACION FACCIOSA
Y CONSTRUCCION DEL ESTADO.
Con
este equipo cada vez más amplio de funcionarios, los gobiernos de Buenos Aires
intentarán construir un aparato estatal capaz de imponer un nuevo orden en la
campaña. Al menos desde los años ´20 es posible percibir que este
orden tenía una serie de preocupaciones centrales, no siempre coherentes: se
trataba de restablecer la paz social y cierta disciplina, que el propio proceso
revolucionario y las guerras habían alterado seriamente. Sólo restableciendo esa paz era posible hacer negocios
seguros y permitir el progreso económico. Sin embargo, los principios alrededor de los cuales se
debía restablecer esa disciplina eran menos claros. Los propietarios rurales
más importantes y, en general, los gobiernos entendían que había que consolidar
y proteger los derechos a la propiedad privada, seriamente amenazados por las
prácticas de apropiación directa que la crisis había agravado, pero que a su
vez indicaban con una serie de prácticas de acceso a los recursos que no tenían
que ver con la crisis, sin con mecanismos que la sociedad campesina de
fronteras había desarrollado desde mucho tiempo atrás y que una buena parte de
la población reconocía como válidas. Toda una serie de conflictos sobre la propiedad de
la tierra en las primeras décadas pos-revolucionarias ponen a prueba estas
contradicciones y nos muestran un Estado que titubea frente a los derechos
contradictorios de antiguos ocupantes de terrenos sin títulos y los nuevos
ricos denunciantes que pretenden hacer valer sus derechos privados.
A su vez, el Estado, que parece
alinearse cada vez más con los intereses de los grandes propietarios, tiene una
serie de necesidades propias que muchas veces van a entrar en conflicto con los
intereses de esos sectores. Por
un lado las necesidades financieras, aunque es verdad que la disponibilidad de
los recursos aduaneros (y en los años
con bajos ingresos y fuertes necesidades fiscales la emisión monetaria) le
permiten reducir la presión impositiva directa sobre los propietarios,
imponiendo al conjunto de la sociedad vía los aumentos de precios. Pero por
otro lado el Estado, inmerso en los intentos de expansión fronteriza y sobre
todo en guerras internas y externas intermitentes, ejerce una presión
reclutadora sobre la sociedad, que en este caso parece afectar indirectamente
más a los mayores estancieros que a los pequeños o medianos propietarios. Como
es sabido, la mayor parte de la mano de obra regular a la que podían recurrir
los estancieros, ante el fin progresivo de la esclavitud, era sobre todo una
multitud de varones migrantes recientes, y sólo ocasionalmente a la población
local, mayormente constituida por pequeños productores independientes. Por ello
los estancieros presionarán sobre el Estado para que excluya a estos migrantes
de las levas. Aunque la legislación tendió a reconocer esta excepción, la
realidad impuso que el peso de la leva recayera mayormente sobre este sector de
la población, los sistemas de convalidación y la propia estructura del aparato
estatal que acabamos de describir hacían imposible enfrentar abiertamente a la
población mayoritaria de vecinos/campesinos de la región. Las quejas de los
grandes propietarios sobre esta cuestión serán reiteradas y se ven exacerbada
en los momentos de crisis bélica.
Como se ve,
una situación compleja y unos objetivos del Estado no siempre coherentes, que
se debían emprender contando con un aparato estatal que parecía expresar más
bien a esos mundillos rurales locales que a un poder arbitral externo que se
quería imponer.
Los Juzgados
de Paz y su personal, que –hemos visto- expresaban desde el punto de vista de
su composición el abigarrado mundo de vecinos de los pueblos, pequeños y
medianos propietarios, arrendatarios, pobladores, etc, parecen actuar también
en consonancia con ese perfil social y como expresión de esa voluntad local y
sus redes.
Una
serie de debates que se producen en los inicios de la década de 1820, sobre las
atribuciones de los Juzgados de Paz y el nuevo Reglamento de Campaña, expresan
esta situación. Si bien varios Jueces parecen coincidir en la necesidad de
limitar la movilidad de los sectores definidos como vagos o que cuestionan los
derechos de propiedad (pulperos inescrupulosos, agregados, etc) cada uno
expresa también intereses locales, contradictorios con otros.[17]
Algunos Jueces quieren suprimir a los agregados y convertirlos en peones, otros
sólo proponen que sean controlados por los Jueces de Paz.
Ejemplos como éstos encontramos a lo largo de
toda la primera mitad del siglo XIX, y son la expresión de la existencia de una
sociedad rural sumamente compleja, que se siente de alguna manera reflejada en los
funcionarios locales y que los gobiernos de Buenos Aires tendrán serias
dificultades en disciplinar para imponer un orden propietario de nuevo cuño.
De
hecho uno de los fundamentos de la creación de los Juzgados de Paz reemplazo de
los Alcaldes de Hermandad era la ineficacia de estos últimos en suprimir toda
una serie de prácticas rurales. Y sin
embargo, ya creados los Juzgados, las protestas de los gobiernos se reiterarán.
Desde Rivadavia hasta Rosas encontramos múltiples ejemplos de esas quejas sobre
los Jueces. Rosas, que intentó imponer a rajatabla el respeto a toda una serie
de derechos privados que las prácticas usuales de la campaña cuestionaban,
tendrá serias dificultades en imponerlas en sus propias estancias y muchas
veces estas prácticas se perpetuarán con la complicidad de los jueces locales.
Tenemos entonces aquí expresado un problema
central que deberán enfrentar los gobiernos de Buenos Aires por un lado
no tiene más remedio que apoyarse en las sociedades locales para construir el
aparato del Estado, pero por ello mismo, les será muy difícil imponer ciertas
órdenes del gobierno cuando éstas se enfrentan con intereses de las redes
locales y con prácticas reconocidas como válidas desde tiempo atrás.
En las propias ternas de Jueces y en
las filiaciones del personal subalterno de los Juzgados encontramos esa
contradicción. En 1832, por ejemplo, se repone reemplazar a 4 tenientes de
Alcalde de Capilla del Señor, y los argumentos para ello muestran esta
dificultad del gobierno central. En el caso de uno de ellos (Pedro Borja) se señala: “se comporta con muy
poca delicadeza y anhelo en el desempeño de sus funciones”. En otro (José Luis
Abalos) se indica: “se demuestra muy poco exacto e indiferente al cumplimiento
de las disposiciones superiores”. En el partido de Pilar en el mismo año
también se propone deponer a algunos tenientes y los argumentos son aun más
explícitos: Toribio Alegre, se dice, “ha sido depuesto de su cargo por el
ningún celo que tiene en los bañados sobre los robos y raterías que se
practican diariamente, haber faltado en dar cuenta de varios individuos
sospechosos que después he sabido se han
alojado en su manzana sin dar cuenta a la Comisaría …ha desobecido varias órdenes
de citación.”
Y,
sin embargo, tenemos la impresión de que poco a poco, y sobre todo desde la
segunda gobernación de Rosas, se va a lograr ir imponiendo cierto orden. Un orden que no expresa abiertamente los intereses del
sector más rico de la sociedad en el sector agrario, sino uno que se construye
sobre un consenso que a la vez van a permitir al gobierno de Rosas ir
instalando progresivamente la idea de un Estado que expresa ese consenso y
cuyos representantes se colocan por encima de la sociedad y pueden ejercer el
poder de arbitraje sin ataduras con sectores particulares.
Las claves de ese consenso parecen
tener algunos pilares fundamentales. El rosismo va imponiendo en la
sociedad una serie de ideas encadenadas que asocian Orden/BuenasCostumbres/Propiedad/Religión y,
a su vez, todas estas ideas se vinculan con una politización rabiosa, que las
propias crisis políticas propician, y que unen esas Virtudes con la Federación.
Ser buen Federal
pasará a ser progresivamente sinónimo de todas esas virtudes que caracterizan a
la comunidad y de la cual quedan excluidos todos los que representan lo
contrario, resumido en el vocablo Unitario. Ese consenso fuertemente politizado se coloca por
encima de grupos sociales y el clivaje no se establece entre ricos y pobres
(aunque sí puede estarlo entre propietarios-cualquiera sea su nivel- y no
propietarios), sino entre defensores de la Federación, el orden, la religión,
la propiedad, las buenas costumbres, que pasan a ser progresivamente sinónimos,
y del otro lado los unitarios. Se puede ser pobre y Buen Federal o rico
Unitario y excluido.
Como ya dijimos en
esas ternas de Jueces o en las filiaciones de Alcaldes y Tenientes se debe
indicar la actividad de la persona, su fortuna, su edad y familia, y como
también vimos es más característica la edad avanzada y la familia que el nivel
de riqueza del candidato. Se debe ser propietario y vecino, pero no
necesariamente rico y como vimos, de hecho la mayoría de los Jueces y más aún
los Alcaldes y Tenientes pertenecen a los sectores medios y bajos de los
propietarios de la campaña. Pero junto a estas características señaladas
en las ternas y filiaciones se indican otras, que parecen tener mayor peso que
las anteriores. Se debe probar que se es
“Federal neto” o “Buen Federal”, que se respeta el Orden y las Buenas
Costumbres, la Propiedad que se tiene respeto entre los vecinos.[18] Absolutamente todas las ternas y propuestas de
funcionarios incluyen este tipo de mérito faccioso, pero también en general la
adhesión al orden, las buenas costumbres, la autoridad moral sobre el
vecindario, etc.[19]. La enumeración
sobre estas consideraciones puede ser tediosa,
pero queda claro que todas esas virtudes aparecen asociadas en las personas que
terminan siendo nombradas en los cargos y que, por el contrario, cuando existen
dudas sobre algunas de ellas, el candidato no llega al cargo o es depuesto. Y
en esto no parece, incidir ninguna consideración sobre la condición
socioeconómica de la persona. Así,
encontramos importantes propietarios “resfriados con el sistema de la
federación” que son alejados de los cargos públicos.[20]. Y por supuesto los malos federales se verán adjudicar
todos los males condenados por el sistema federal. [21]
A la hora de ser propuesto y sobre todo
nombrado en un cargo en los Juzgados, estos argumentos parecen tener mucho más
peso que cualquier consideración sobre la condición social o el nivel de
riqueza de un individuo.
Sobre la base de este tipo de consenso, Rosas
va a ir tratando de establecer una jerarquía, donde los mejores federales son
los que ocupan los cargos de responsabilidad y representan al Estado, que se
puede colocar como garante de ese consenso, por encima, de los intereses
particulares.
La puntillosidad de Rosas para establecer un
riguroso ritual en las actividades de los funcionarios públicos parece
claramente encaminada a lograr estos objetivos: tanto elevar a los funcionarios,
necesariamente inmersos en las sociedades locales, por encima de las mismas,
como convencer a los propios funcionarios de ello.[22]
La explicación que da Rosas de la necesidad de estos procedimientos resulta en
extremo interesante, considerando “cuanto conviene enseñar a los pueblos por
actos públicos y solemnes, el respeto que deben a los encargados de la
administración de justicia, y hacer sentir igualmente a estos la gravedad e
importancia de sus funciones”.
Rosas parece especialmente interesado en
mostrar al aparato del Estado Federal por encima de los intereses privados, y
no sólo en un plano discursivo. Las propias crisis políticas le darán la
ocasión de demostrarlo, afectando los intereses de propietarios, ricos o menos
ricos, que se han adherido a la causa de los unitarios, hasta llegar incluso a
las expropiaciones masivas posteriores a 1839-1840. En efecto, esos años de
aguda crisis parecen ser el momento culminante de este proceso. Apoyado en ese
consenso y en un aparato estatal ya bastante disciplinado logra vencer una
conjunción de enemigos, que incluye desde los “libres del sur” hasta la
invasión de Lavalle sostenida con fuerzas externas.
En un mundo rural con actores diversos, se
producen conflictos inevitables, que sólo se arreglan cuando interviene el
Alcalde e impone el orden.[23]
[1] ante las nuevas posibilidades que abre la coyuntura internacional y
la crisis de las maneras tradicionales de hacer dinero en Buenos Aires.
[2] Y todo esto con distintos
frentes de guerra y conflictos y con recursos financieros escasos, o mejor
dicho dedicados en su casi totalidad a contener esos frentes.
[3] De resultas el levantamiento del sur de la campaña en 1839, y de la conciencia de la administración
rosista de la debilidad de su control de ese mundo rural nuevo en la frontera
sur, se va a producir un enorme esfuerzo por aumentar el aparato del Estado en
esa parte de la campaña: los hasta entonces 4 partidos de Azul, Monsalvo,
Dolores y Tandil pasarán a constituir 14 nuevos partidos, con sus respectivos
planteles de funcionarios.
[4] En 1822, un Juez de Primera Instancia de Campaña informa al
gobierno que al buscar candidatos para el Juzgado de Paz Exaltación de la Cruz
“procedí a recibir debidos conocimientos de los que por su buena, conducta, aptitud y adhesión al orden y a la presente
administración pudieran ser propuestos”. Como se ve, hay que responder a
ciertos criterios éticos y de profesionalidad, pero también (y, seguramente,
sobre todo) “adherir a la presente administración”. Sin embargo, no será fácil
conseguir estos objetivos. En el mismo caso antes mencionado, las conclusiones
del Juez de Primera Instancia son desoladoras. “El resultado (de la búsqueda
anterior) ha sido que no es fácil en el partido de La Cruz personas que reúnan
tales calidades”.
[5] Y no sólo podía resultar ingrata por lo que significaba como
abandono de la dirección de los negocios privados, sino que los beneficios
directos o indirectos que se podían obtener por el cargo de poder al que se
accedía corrían el riesgo de perderse y aun volverse en contra frente a los
reiterados cambios de gobierno y los conflictos civiles que se sucedían en el
período.
[6] Explica, que con Jueces ad honorem, reclutados entre las clases más
ricas de la campiña inglesa, es impracticable en Buenos Aires. No sólo por la
falta de una “deferential society”, en la cual esos propietarios sean
respetados por el conjunto de la población, sino además porque en Buenos Aires
nos dice, es imposible encontrar a propietarios y negociantes dispuestos “a
distraerse de su ocupaciones cotidianas” para estudiar y aplicar las leyes.
[7] Es decir que el promedio de permanencia de un Juez de Paz en su
cargo apenas llegaba a 2,3 años. Por supuesto, este promedio significa que la
inmensa mayoría de los Jueces sólo lo fue un año, una cifra considerable entre
2 y 3 años y que sólo una minoría ejerció el cargo por más tiempo.
[8] Luego trataremos de ver quiénes eran estos Jueces más longevos en
sus cargos y también intentaremos entender por qué lo eran. En cualquier caso
parece imposible encontrar un patrón regional para explicar esta mayor o menor
permanencia de los Jueces.
[9] Así tenemos una altísima rotación en partidos como Baradero, San
Pedro, San Nicolás, Salto, Areco, Chivilcoy, Monte, Ranchos, Ensenada, Pilar,
Dolores, Las Flores, Saladillo, Tapalqué y Monsalvo; y, al contrario, una
fuerte concentración en pocas personas en partidos como Morón, Matanza, San
Isidro, Pergamino, Rojas, Giles, Luján, Lobos, Cañuelas, Chascomús, Quilmes,
Magdalena, Tordillo, Ajó, Tuyú, Mar Chiquita, Lobería, Chapaleufú, y Patagones.
En el resto la situación es intermedia.
[10] Con la revolución que dirige Lavalle caen 29 de los 31 Jueces de Paz
de campaña, y cuando cae Lavalle sólo queda uno de los Jueces que había
nombrado, vuelven 7 de los Jueces de la época de Dorrego y el resto (23) son
todos nuevos. Con la caída de Rosas en 1852 pasa algo similar: sólo quedan 5 de
los 46 Jueces de los que tenemos datos.
[11] que estaban en el momento del levantamiento de los “Libres del
Sur”. Los que cambian son los de San Nicolás y Quilmes y los de los dos
partidos que estuvieron en el centro de la escena de la crisis: Dolores y
Monsalvo.
[12] Entre los funcionarios subalternos se encuentran tanto pobladores
nativos de Buenos Aires como migrantes del Interior, están excluidos en general
los sectores más pobres de la campaña (peones y obviamente esclavos), pero
también –en general- los más ricos.
[14] De esas 47 personas sólo 9 superan los 100.000 pesos, la amplia
mayoría tiene entre 20.000 y 50.000 pesos y los 9 más pobres apenas alcanzan la
cifra promedio de 9.000 pesos
[15] De ellos se indica capital en 12 casos y nos da un promedio de
50.423 pesos, es decir, levemente inferior al promedio general de Jueces. En
cuanto a stock ganadero la situación es peor: en los 7 casos de los que tenemos
información, el promedio de vacunos es 650 y de ovinos 486, o sea, claramente
menor que en los Jueces que permanecen menos tiempo.
[16] escaso migrantes llegan al cargo y los un poco más numerosos entre
los Alcaldes y Tenientes, llevan bastantes años de avecindamiento
[17] Así, por ejemplo, el Juez de Paz de Morón en 1822 defiende
abiertamente a los chacareros locales, en contra de los ganaderos que con sus
animales destruyen los sembrados de los vecinos. Estos ganaderos, que estaban
preferentemente ubicados en los terrenos de la Matanza (incluido por esos años
en el partido de Morón) y que no se sienten representados por las autoridades
de Morón, a su vez van a presionar por separarse de ese partido para lograr una
mejor representación de sus intereses, y en efecto en 1825
se conforma el nuevo partido de La Matanza.
[18] Y todo eso debe probarse fehacientemente, en particular la adhesión
a la causa federal. Así se indica sistemáticamente, según la época, si se
participó en la lucha contra Lavalle en 1829 o al menos si se sufrió la persecución
de los decembristas, si se estuvo luego del buen lado en los 1832-1833, si se
mantuvo fiel a la causa en 1839-1840.
[19] Así, en 1836, por ejemplo, se dice de Manuel Pardo, propuesto como
Juez de Matanza, que “su conducta es intachable, su honrado y juicioso proceder
lo han hecho acreedor al concepto y estimación de los vecinos de este partido y
reúne a más virtudes cardinales y un bien conocido amor al orden. Estas
virtudes aparecen indisolublemente ligadas con la causa federal. Sirva de
ejemplo el caso del teniente del cuartel 4 de Monsalvo en 1832, Miguel Colares,
de quien se dice que “no ha servido en el ejército restaurador, pero no cabe
duda de su adhesión a la causa federal por su amor al orden”. En todos los
casos se señalan los ciudadanos declarados “Beneméritos” en el 30 por haber
combatido contra Lavalle, los que participaron en el bando rosista en los 30.
Si no consta que hay participado en las luchas directamente se debe probar de
alguna otra manera su adhesión a la causa. Así, por ejemplo, se señala: “sin
embargo de no haber prestado servicios a la causa de la Federación, se
clasifica por tal porque desde antes de la revolución se demostró exaltado en
sus conversaciones a este respecto y por esta consideración fue reelecto.
[20] Tal es el caso por ejemplo de Jacinto Araoz, importante propietario
de Lobos, primer Juez de Paz del partido en 1822, pero del cual se informa en
1835 que aunque participó en la lucha contra Lavalle en 1829. Durante la
administración de Balcarce “se dejó
seducir por el general Espinoas, más adelante se mostró indeciso, pero cuando
sonó el movimiento popular del 11 de Octubre se decidió por los restauradores.
Aunque al final optó por los ganadores, Araoz ya no volverá a figurar entre los
Jueces del partido
[21] El ex Juez de Paz de San Antonio de Areco, Patricio Arriaga, es
descrito en una filiación como “Unitario empecinado dedicado a la bebida es
extremo hablador no goza de opinión en el partido por ser en extremo vicioso,
permaneció en Buenos Aires durante la guerra contra los sublevados del primero
de diciembre. Del otro lado podemos encontrar a pobres rurales, pero que han
manifestado adhesión a los principios proclamados por la causa y que son
designados en los cargos. El caso quizás mas extremo que hemos encontrado es el
de Manuel Cabral, del partido de Pilar, quien es nombrado teniente en 1832 y
“que por corresponder a la clase pobre no se incluyó en la clasificación
general”., es decir que ni siquiera es propietario pobre , sino pobre de
solemnidad, pero sin embargo “es de buena conducta y ha sufrido golpes y
ultrajes en la ciudad por uno de los amotinados del 1º de diciembre.. y acá
prestó sus servicios personales en la reunión federal de Pilar.”
[22] En enero de 1832, Rosas ordenó el
ceremonial para la asunción de los Jueces, que aunque conocido vale la pena
recordar aquí: la asunción del cargo se hará haciendo asistir a la mayor parte
de la población, utilizando para ello un día festivo y antes de la Misa Mayor.
Para el acto se colocará en una mesa cubierta con un paño “un crucifijo, 2
velas y el libro de los Santos Evangelios”. Se establece una fórmula de
juramento que destaca la obediencia a las “autoridades legítimas” y a la
Federación y luego de este juramento “se cantará la misa mayor, que oirán desde
sus puestos ambos jueces (el saliente y el entrante) alcalde y vecinos”, y así
podríamos seguir.
[23] El objetivo planteado pacientemente parece estar convirtiéndose en
realidad. Las “Bodas de Chivico y Pancha” obra de teatro muy representada en la
época de Rosas, parece expresar muy bien la idea que el Gobernador tenía del
Estado que estaba construyendo y que inicialmente sólo era una expresión de
deseos.
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