Resumen: Theda Skocpol Los Estados y las revoluciones sociales.(Primera parte)

 

Theda Skocpol

Los Estados y las revoluciones sociales.

Argumento: las revoluciones sociales pueden ser mejor explicadas por su relación con las estructuras específicas de las sociedades agrícolas y sus respectivos estados..

Resumen enfocado en la Revolución Francesa, primera parte desde página 85 a 116 del libro.

 

II los estados del antiguo régimen en crisis

La revolución social en Francia, surgió a partir de crisis específicamente políticas, centradas en las estructuras y situaciones del Estado del antiguo régimen. Se socavaron los regímenes monárquicos autocráticos, y se desorganizaron los controles administrativos y coactivos, centralmente coordinados, sobre las potencialmente rebeldes clases bajas. La crisis revolucionaria se desarrolló cuando el Estado del antiguo régimen resultó incapaz de enfrentarse a los desafíos de situaciones internacionales en franca evolución: competición intensificada de potencias del exterior, y más desarrolladas en el aspecto económico. Se vieron coaccionadas o contenidas en sus reacciones por las relaciones institucionalizadas de las organizaciones de Estado autocrático de las clases superiores de terratenientes y de las economías agrarias. Entre presiones opuestas de las estructuras de clases internas y las exigencias internacionales, la autocracia y su gobierno y ejército centralizados se disgregaron, abriendo el camino a unas transformaciones social-revolucionarias encabezadas por revueltas desde abajo.

 

Para comprender la naturaleza y las causas de la crisis política, necesitamos un sentido de la estructura del Antiguo régimen francés y de los conflictos a que estaban sometidos en los tiempos anteriores al estallido de la revolución. Francia fue una monarquía autocrática que se enfocaba en mantener el orden interno y del enfrentamiento con sus enemigos del exterior. Un Estado imperial perfectamente establecido; con jerarquías diferenciadas, administrativas y militares, coordinadas desde el centro, que funcionaban bajo la égida de la monarquía absoluta. (Proto-burocrático: algunos cargos superiores, eran funcionalmente especializados; y algunos deberes oficiales estaban sometidos a reglas y supervisión jerárquica explicitas; y la separación de los cargos y deberes del Estado de la propiedad privada y de los intereses privados estaba parcialmente institucionalizada) Sin embargo, no era un Estado imperial plenamente burocrático. De manera concomitante, tampoco era plenamente centralizado o poderoso dentro de la sociedad, como lo sería un moderno Estado nacional. En particular, no se encontraba en posición de controlar directamente, y se veía  limitado a variaciones o extensiones de las funciones que, para desempeñarlas, por decirlo así, habían sido construidas: entablar la guerra en el exterior, supervisar la sociedad en el interior para mantener alguna semejanza con el orden general, y asignar recursos socioeconómicos mediante el reclutamiento militar y los impuestos sobre la tierra, la población o el comercio (pero no sobre algo tan difícil de evaluar como el ingreso personal).

El Estado imperial de la Francia de los Borbones, se encontraba sobrepuesto en una economía en gran escala, básicamente agraria en que las pretensiones a tierras y a los productos agrícolas se hallaban divididas entre una masa de familias campesinas y una clase superior terrateniente. La clase dominante más importante (es decir, que se apropiaba de los excedentes), era, básicamente, una clase superior terrateniente. Las relaciones mercantiles se hallaban muy desarrolladas, y había clases laborales basadas en las ciudades, y clases que controlaban el comercio y la industria. La mayor parte del comercio se hallaba local o regionalmente enfocado (no nacionalmente), la agricultura seguía teniendo mayor importancia económica que el comercio o la industria, y las relaciones capitalistas de producción no predominaban en interés agrícolas o no agrícolas. Las clases superiores comerciales e industriales se hallaban simbióticamente relacionadas con las clases superiores terratenientes y/o muy dependientes de los Estados imperiales. Las fundamentales tensiones políticas no eran entre clases comercial-industriales y aristocracias terratenientes. En cambio, se hallaban centradas en las relaciones de clases productoras con las clases y el Estado dominante, y en las relaciones de las clases terratenientes dominantes con un Estado autocrático imperial.

El potencial para las revueltas campesinas (y populares urbanas) eran endémico en la Francia del antiguo régimen.  En este punto, sólo necesitamos enfocar las relaciones entre el Estado imperial y las clases superiores terratenientes, y los posibles conflictos a que podían dar motivo estas relaciones.

El Estado Imperial y las clases superiores terratenientes de la Francia prerrevolucionaria simplemente eran socios en el control y en la explotación del campesinado. La existencia de administraciones y ejércitos centralizados no estaba siendo desafiada por las clases terratenientes en los tiempos anteriores a las revoluciones. Las clases dominantes no podían defenderse de las rebeliones campesinas, todas ellas habían llegado a depender, aunque en diversos grados, de la centralidad del Estado monárquico para apoyar sus posiciones y prerrogativas de clase. Más aún: las clases dominantes se habían acostumbrado a tener oportunidades de edificar fortunas privadas mediante los servicios al Estado. Y, en realidad, tal apropiación de excedentes indirectamente por los cargos del Estado se había vuelto de gran importancia en la Francia del antiguo régimen.

Pero si en un sentido, el Estado imperial y las clases terratenientes eran socios en la explotación, también eran competidores en el control de fuerza de trabajo del campesinado y en la asignación de excedentes tomados de las economías comerciales agrarias. El rey estaba interesado en las riquezas crecientes de la sociedad y canalizarlas eficazmente hacia el engrandecimiento militar y el desarrollo económico centralmente controlado y fomentado por el Estado. Así los intereses económicos de las clases terratenientes superiores en parte eran obstáculos que había que superar, porque estaban básicamente interesadas, o bien en impedir que aumentaran las asignaciones al Estado, o en aprovechar los cargos oficiales para acaparar ingresos, de tal manera que reforzaran el statu quo socioeconómico interno.

Y en que formas, tales conflictos de intereses, hicieron surgir verdaderos conflictos políticos en la Francia del antiguo régimen, dependía de las circunstancias históricas y de las formas institucionales del Estado autocrático-imperial. El Estado Francés no era un régimen parlamentario que diera a los representantes de la clase dominante una función rutinaria en la política del Estado. Y, sin embargo, tampoco eran un Estado plenamente burocrático. En varios aspectos, los miembros de la clase dominante disfrutaban de un acceso privilegiado y de un empleo exclusivo de los cargos de Estado. Tan sólo este hecho, ciertamente, no bastaba para asegurar el control de la clase dominante de las actividades imperiales del Estado. Pero hasta el punto en que los miembros de la clase dominante obtuvieron una capacidad de organización colectiva consciente dentro de los niveles superiores de las estructuras existentes del Estado imperial, podían estar en posición de obstruir las empresas monárquicas que fueran en contra de sus intereses económicos. Esto podía culminar en desafíos deliberados a la autoridad política autocrática; y, al mismo tiempo, podían tener el efecto, del todo involuntario, de destruir la integridad administrativa y militar del propio Estado imperial. (Las reformas y la política designadas para movilizar y desplegar crecientes recursos podían aplicarse mediante los funcionarios de la burocracia que operaban en nombre de las legitimaciones tradicionales.)

Francia de finales del siglo XVIII, la monarquía demostró ser incapaz para poner en vigor reformas para promover un desarrollo económico lo bastante rápido para enfrentarse y contener las amenazas militares del exterior. Y la crisis política revolucionaria surgió precisamente por causa de los fracasados intentos del régimen borbónico de enfrentarse a las presiones del exterior. Existían relaciones institucionales entre el rey y sus personales, por una parte, y entre las economías agrarias y las clases superiores terratenientes, por la otra, que hacían imposible al Estado imperial enfrentarse con éxito a las competiciones o intrusiones del exterior. Por consiguiente, fue desposeído en el interior por la reacción de unas clases superiores terratenientes, políticamente poderosas, contra los intentos monárquicos de movilizar recursos o imponer reformas. El resultado fue la desintegración de las maquinarias administrativas militares centralizadas, que hasta entonces habían sido el único baluarte unido del orden social y político. Ya no reforzadas por el prestigio y el poder coactivo de la monarquía autocrática, las relaciones de clase existente se volvieron vulnerables a los ataques desde abajo. Surgieron las crisis políticas socio revolucionarias. una “crisis en la política de la clase gobernante que causó una fisura por la que brotaron el descontento y la indignación de las clases oprimidas”.(Lenin)

 

 

La Francia del Antiguo Régimen:

Las contradicciones del Absolutismo Borbónico

Las explicaciones de la Revolución Francesa, desde hace mucho tiempo se han fundamentado en uno de dos temas básicos, o en una síntesis de ambos: el surgimiento de la burguesía y el surgimiento de una crítica ilustrada de la autoridad arbitraria tradicional. Así, la Revolución ha sido atribuida a causas inmanentes a la evolución de la sociedad y la cultura francesas.

Sin embargo, lo que mucho menos frecuentemente se ha hecho es poner de relieve la omnipresente competición militar de los Estados europeos, y enfocar desde tal perspectiva la paradójica situación de la Francia del antiguo régimen.

En un medio dinámico internacional, cada vez más dominado por la comercializada Inglaterra, había aquí un país que estaba reduciéndose pese a medio siglo de vigorosa expansión económica del casi dominio de toda Europa a las humillaciones de las derrotas militares y de la quiebra real. La explicación de por qué ocurrió esto hace comprensible la crisis política específica que lanzó la Revolución francesa.

El Estado

La monarquía absoluta, que pasó por un largo proceso de creación, llegó a ser la realidad dominante de Francia sólo durante el reinado de Luis XIV (1643-1715). La Fronda de 1648-1653 marcó la última ocasión en que unos sectores de la nobleza territorial empuñaron las armas contra la realeza centralizante. También constituyó “el último intento, antes de la Revolución, de promulgar una Carta que limitaría el absolutismo real, y su derrota aseguró el triunfo de la doctrina”. Francia fue gobernada, en adelante, por la administración real. Más de treinta intendants, (intendentes generales) a los que se podía despedir en cada momento, representaban la autoridad del rey en las provincias. Al relegar a los antes todopoderosos gobernadores nobles hereditarios a papeles marginales, los intendants asumieron responsabilidades de recaudación directa de impuestos, justicia real, regulación económica y mantenimiento del orden interno. Los asuntos de los poblados quedaron bajo la supervisión de los intendants, y los cargos municipales más importantes fueron puestos a remate recurrentemente por la Corona.  Los más grandes de la antigua nobleza fueron atraídos a la órbita de la nueva Corte de Versalles- símbolo último del absolutismo triunfante- sin paralelo en su esplendor.

El absolutismo triunfó bajo el poder de Luis XIV, y sin embargo la estructura estatal de la Francia del antiguo régimen siguió siendo extraordinariamente compleja y, por decirlo así, de múltiples estratos. Aun cuando fuera suprema la autoridad del gobierno absolutista, sus estructuras distintivas –consejos reales, y las intendencias- no llegaron a suplantar a aquellas descentralizadas instituciones medievales, como los dominios y las cortes señoriales, las corporaciones municipales y los Estados provinciales (asambleas representativas) localizadas en las remotas provincias llamadas pays d’état. Tampoco las estructuras del absolutismo reemplazaron por completo a anteriores instituciones administrativas monárquicas, como los parlements (corporaciones judiciales), oficios y jurisdicciones que antes habían tenido importancia, y la práctica (llamada “venalidad de cargo”) de vender las posiciones dentro del gobierno real a hombres ricos, que después poseían y podían vender o heredar sus cargos. Pues, por extraordinarias que fueran sus realizaciones, Luis XIV continuó la larga tradición francesa regia de imponer nuevos controles “sobre” las instituciones establecidas sin abolirlas por completo. Por tanto, la autocracia triunfante tendió a congelar, de hecho, a garantizar, las mismas formas sociopolíticas institucionales –señoriales, corporativas, provinciales- cuyas funciones originales reemplazaba o sobreseía.

Junto con el mantenimiento de la unidad y del orden en el interior, el engrandecimiento militar llegó a ser propósito declarado del absolutismo borbónico. No podía dejar de luchar, por la supremacía dentro del sistema europeo de Estados. Su triunfo exigiría la capacidad de enfrentarse a dos tipos de enemigos a la vez: otras monarquías basadas en la tierra, en el continente europeo, y potencias navales-comerciales, cada vez más prósperas: los Países Bajos e Inglaterra. Inicialmente, las perspectivas parecían bastante prometedoras. Francia estaba unida, era territorialmente compacta, populosa y –una vez restaurado el orden político-potencialmente próspera.  Colbert[1], creó el ejército, se instituyó la política mercantil que fomentara la expansión de la industria, el comercio y la colonización y se reformó las reales finanzas de maneras que aumentaron los ingresos disponibles para las guerras.

Durante el reinado de Luis XIV, en principio triunfos militares: guerra de Devolución (1667-1668) y en la guerra de Flandes (1672-1678) estimularon la formación de una alianza de potencias comprometidas a contener su expansión. Pero sufrieron serios reveses en la guerra de la Liga de Augsburgo (1688-1697) y en la guerra de la Sucesión Española (1701-1714). Entre 1715 y 1789, Francia no sólo reveló ser incapaz de dominar Europa, sino de mantener siquiera su situación de indiscutida primera potencia de Europa. Las dificultades no menores surgieron de las limitaciones del sistema absolutista completado durante el reinado de Luis XIV y por la naturaleza de la economía y la estructura de clases de Francia. Comparándola con Inglaterra que, en ese período, avanzó para retar a Francia en la carrera por la hegemonía europea y,  por el capitalismo universal).

La economía

En el siglo XVII y durante todo el XVIII, Francia siguió siendo una sociedad predominantemente agrícola, con una economía obstaculizada por una compleja red de intereses de propietarios que impedían todo rápido avance a la agricultura capitalista o al industrialismo.

En vísperas de la Revolución: los campesinos aún seguían integrando 85% de la producción nacional, y la producción agrícola constituía al menos 60% del Producto Nacional Bruto. El comercio y algunas industrias (premecanizadas) indiscutiblemente estaban extendiéndose por la Francia del siglo XVIII (aunque gran parte de este crecimiento estuviera centrado en las hinterlands –tierras interiores, vertientes- de los puertos del Atlántico. Sin embargo, por mucho que crecieran el comercio y las industrias nacientes, de manera simbiótica continuaban atados a las estructuras sociales y políticas de la Francia imperial agrícola, y limitados por ellas.

En esta etapa de la historia universal, el progreso de la industria se basó en la prosperidad de la agricultura. Pero la agricultura francesa, aun cuando avanzaba, de acuerdo con las normas del continente, era “atrasada” en relación con la agricultura inglesa y con el comercio y la industria de Francia. La tierra estaba dividida en pequeñas parcelas (poseída por campesinos o alquilada por terratenientes) Gran parte de la agricultura se basaba en el sistema de desmonte[2], y un tercio de las tierras y ciertas tierras comunales, quedaban en barbecho[3] cada año. Dado el tamaño de Francia y la escasez de transporte interno barato para bienes voluminosos, fue lenta en desarrollarse y la especialización regional de la agricultura. En Inglaterra y Holanda, desde el siglo XVI hasta el XVIII, una revolución de la productividad agrícola –se introdujo el cultivo de raíces y forrajes, que produjo un aumento de los rebaños y la creciente fertilización de las tierras, que ya no necesitaban quedar en barbecho –avanzó notablemente. Pero tales transformaciones sólo lograron un progreso limitado en Francia.

La implantación de las nuevas técnicas agrícolas dependía de la abolición de muchas costumbres comunales y derechos señoriales, para permitir la consolidación y la administración unificada de considerables extensiones. Pero en Francia existía un precario equilibrio de derechos entre un numeroso campesinado de pequeños propietarios, que poseía aproximadamente un tercio de las tierras, y una clase superior terrateniente, que tenía considerables propiedades en la tierra y que poseía sobrevivientes derechos señoriales que podían explotarse comercialmente. Así, ninguno de los dos grupos se hallaba en la situación en que revolucionar la producción agrícola fuese simultáneamente en favor de sus intereses y dentro de su capacidad. La innovación también obstaculizada por la pesada carga que significaban los irracionales modos de recaudar los reales impuestos, que recaían principalmente sobre el campesinado.

Por último, hubo otra razón, más irónica, debido a más de cuarenta años de buen tiempo, orden interno y crecimiento de la población, la producción agrícola bruta se extendió enormemente dentro de sus límites estructurales tradicionales, a mediados del siglo XVIII (1730-1770). Este crecimiento, acompañado por los precios y rentas cada vez mayores, llevó a la prosperidad a los grandes y pequeños terratenientes, y así, probablemente, ayudó a confinar la necesidad percibida de unos cambios estructurales fundamentales a los pocos funcionarios gubernamentales y terratenientes progresistas que tenían mayor conciencia del contraste con Inglaterra.

La agricultura francesa, a su vez, contuvo el desarrollo de la industria francesa. Tanto su estructura cuanto las distribuciones de sus beneficios retardaron el surgimiento de un mercado de masas que creciera continuamente para sus productos.  

Al término del siglo XVI, la industria francesa probablemente estaba por delante de la inglesa. Pero, entre 1630 y 1730, la agricultura, el comercio y la industria de Francia sufrieron repetidos reveses por guerras, plagas y hambre. Mientras tanto, la economía inglesa crecía con paso firme, y las primeras etapas de la revolución de las relaciones agrarias de producción y técnicas se consumaron. Durante el siglo XVIII, el crecimiento económico tanto de Inglaterra como de Francia, incluyendo la expansión del comercio exterior, fue rápido y casi equivalente. Pero Inglaterra había estado a la cabeza en ingreso per capita antes de que empezara el siglo, y su revolución agrícola se hizo cada vez más profunda aun mientras la producción crecía durante el siglo XVIII. Así quedó dispuesto el escenario para la Revolución Industrial inglesa después de 1760. La expansión económica general fue uno de los factores del avance de Inglaterra, pero la economía francesa en el siglo XVIII experimentó tasas comparables de desarrollo. Además de su mayor tamaño y de sus consecuentes dificultades de transporte interno, la economía agraria francesa ofrecía un muy inferior mercado potencial de masas a sus artículos industriales en comparación con el inglés, porque había, proporcionalmente, menos gente con ingresos medios. Y tampoco la estructura tradicional de la producción agraria pudo sostener un desarrollo prolongado. Causando una enorme alza de los precios, y el hambre. Precisamente una de tales crisis produjo una recesión industrial después de 1770, mientras la industria inglesa estaba adoptando las nuevas tecnologías de la máquina. “La base agrícola de la economía francesa reveló durante 1770 a 1779 y de 1780 a 1789, su incapacidad para sostener un crecimiento prolongado.

 

La clase dominante

Ya en el siglo XVIII, había surgido en Francia una distintiva clase dominante. Ya no era “feudal” en el sentido político o jurídico. Pero tampoco era “capitalista”; no en el sentido de “empresarial”, ni tampoco en el sentido marxista de una clase que se apropia de los excedentes mediante trabajo asalariado y las rentas del mercado y reinvierte para extender las relaciones capitalistas de producción e industrialización. Y, sin embargo, era una clase dominante básicamente unificada, que se apropiaba del excedente directa e indirectamente, básicamente de la agricultura campesina. Esta apropiación de excedentes se hacía mediante una mezcla de rentas e impuestos aplicados, en parte, por las instituciones judiciales dominadas por terratenientes, y por la redistribución de los ingresos recaudados bajo la égida del Estado monárquico. En realidad, si el término “feudal” se emplea de una posible manera marxista para indicar una relación de clase particular de apropiación de excedentes (es decir, la apropiación de una clase terrateniente, y por medios institucionales de coacción), entonces puede afirmarse que la clase dominante de la Francia prerrevolucionaria, era hasta un grado considerable, feudal. Pero más importante es llegar a un sentido claro de cuales eran –y cuales no eran- las bases características e institucionales de esta clase dominante.

 

 

 

 

 

 

La riqueza y los cargos, no sólo el pertenecer a la nobleza terrateniente, eran las claves del triunfo en la Francia del ancien régime. Las fortunas de los nobles variaban enormemente. Los nobles más pobres se hallaban excluidos de la alta sociedad parisiense y del estilo de vida confortable en las ciudades de provincia, y tenían grandes dificultades para comprar los cargos más deseables en el ejército o en la administración civil. Por otra parte, los plebeyos que habían conquistado gran riqueza mediante el comercio exterior o las finanzas reales, o que avanzaban comprando sucesivos cargos del Estado, tenían acceso tanto a la condición como a los privilegios de los nobles y a la alta sociedad.

La distinción entre Primer Estado (eclesiástico) y el Segundo (el noble), por una parte, y el Tercer Estado, por la otra, era ya durante el siglo XVIII, más bien una movible zona de transición que una barrera, al menos desde la perspectiva de los grupos dominantes. Las posesiones formaban una verdadera barrera a los niveles intermedios del orden social basado, en gran parte, en la riqueza y en los cargos oficiales; y sin embargo, las tensiones sociales así engendradas –que pondrían a los nobles pobres y a los miembros plebeyos del Tercer Estado educados, al mismo tiempo unos contra otros y todos contra los ricos privilegiados no fueron desatadas por completo hasta haber empezado la Revolución. No fueron ellas las que crearon la crisis revolucionaria.

Tampoco fue ninguna contradicción de clase –basada en un choque de modos incompatibles de producción que afectaran a todos los estratos dominantes- la que creó la crisis revolucionaria. Como lo ha demostrado la excelente investigación de George Taylor, más del 80% de la riqueza privada del antiguo régimen era riqueza de “propietarios”.

Había en la economía del antiguo régimen una distinta configuración de riqueza, de función no capitalista, a la que podemos llamar “propietaria”. Encarnaba las inversiones en la tierra, la propiedad urbana, los oficios venales y las pensiones vitalicias. Los ingresos que dejaba eran modestos, pero eran bastante constantes y variaban poco de un año a otro. No se realizaban por medio de un esfuerzo empresarial […] sino mediante la mera propiedad.

En la economía agraria, la riqueza de los propietarios tomó las formas de: a) tierra explotada indirectamente mediante rentas, por aparceros que ocupaban o explotaban partes de “dominios; granjas, metairies, ríos, campos, bosques”, etc; y de b) de “señoría, consistente en puestos, monopolios y derechos sobrevivientes del feudo, orden de propiedad sobreimpuesto a la propiedad en dominio absoluto”. La propiedad de tierras y edificios urbanos en otra fuente más de ingresos de la renta. Taylor:

La pasión por la propiedad en el cargo era casi tan poderosa como la pasión por la propiedad en la tierra. Un oficio venal era una inversión a largo plazo. Por lo general, producía un ingreso pequeño pero estable y, podía de acuerdo con restricciones aplicables a cada cargo, venderlo a un comprador, legarlo a un heredero, a aun alquilarlo a alguien en términos generales, una inversión en el cargo era una inversión fija. Lo que la hacía deseable era el status [la porción socioeconómica] la respetabilidad que confería.

Además, la riqueza propietaria se invertía en rentes. En el sentido más amplio, una rente era un ingreso anual que se recibía por haber transferido algo de valor de alguien una rente perpetuelle era una pensión de duración indefinida, que sólo terminaba cuando el deudor, por su propia iniciativa, restituía el capital y así se libraba de pagar la rente.

Aun los miembros más prósperos del Tercer Estado basaban sus fortunas en mezclas de rentes, oficios venales, bienes raíces y derechos señoriales. Taylor insiste en que “había, entre la mayor parte de la nobleza y del sector propietario de las clases medias, una continuidad de formas de inversión que hacía de ellos, económicamente, un solo grupo. En las relaciones de producción desempeñaban un papel común”. Tan sólo aquellos (en su mayoría no nobles) dedicados al comercio extranjero y aquellos (en su mayoría ennoblecidos) dedicados a las altas reales finanzas, poseían formas más fluidas y arriesgadas de riqueza circulante. Y sin embargo, también para estos grupos la riqueza propietaria era, a fin de cuentas, más atractiva. La mayoría de los mercaderes o financieros de éxito transferían sus fortunas a bienes de propiedad; asimismo, típicamente transferían sus esfuerzos, o los de sus hijos, a las de búsquedas más apropiadas a su posición social.

Por tanto, la “riqueza propietaria” era la base de propiedad de la clase dominante. Y, sin embargo, algo importante que debemos notar en la riqueza propietaria es cuán dependiente era, en sus diversas formas, de la peculiar estructura de Estado de la Francia del antiguo régimen. Los campesinos franceses, en su mayoría, seguían adhiriéndose aún a las concepciones premercantiles del orden social económico, y se habrían lanzado a la rebelión o el motín de haber visto flagrantemente violados sus ideales comunales de justicia. Así, como los terratenientes ya no controlaban los medios significativos de coacción en los niveles locales, dependían del gobierno absolutista como su protector, en última instancia. Al mismo tiempo, las diversas instituciones señoriales, corporativas y provinciales que se mantenían bajo la protección del absolutismo, también tenían un gran significado socioeconómico para la clase dominante. En general, no pusieron a la burguesía (ni al alto Tercer Estado) contra la nobleza, porque las personas ricas de todas las propiedades poseían derechos señoriales, ocupaban cargos venales y pertenecían a corporaciones privilegiadas de una u otra índole. Antes bien, estas instituciones expresaban y reforzaban las ventajas de los ricos propietarios contra los pobres en la Francia prerrevolucionaria; pues, fueran cuales fuesen sus diferentes propósitos sociales o políticos particulares, algo que todos estos derechos y cuerpos tenían en común era que entrañaban ventajas fiscales, impuestos por el Estado, y oportunidades de obtener mayores ingresos. Junto con las pretensiones de propiedad de la tierra, tales exenciones y oportunidades constituían una base importante de la riqueza de la clase dominante en general.

Esta situación, de depender del Estado, naturalmente produjo una clase dominante con intereses creados tanto en las formas institucionales más antiguas, como los derechos señoriales y cargos de propiedad, cuanto en las nuevas funciones absolutistas; principalmente, en aquellas relacionadas con la capacidad del Estado era promover el triunfo militar y para tasar la expansión económica del país (hasta el punto en que los ingresos fiscales provenían de los no privilegiados). Tal clase dominante se elevaría o caería con Francia como potencia comercial, pero no capitalista, agrario-imperial. La crisis revolucionaria sólo surgió cuando en Francia no resultó viable, dados los acontecimientos de la situación internacional existente y los conflictos de interés entre la monarquía y la clase dominante, con sus muchos pilares dentro de la estructura del Estado.

Las guerras y el dilema fiscal

Al desarrollarse los acontecimientos del siglo XVIII, se hizo cada vez más claro que la monarquía francesa no podía cumplir con su razón de ser. Las victorias en la guerra, necesarias para la vindicación del honor francés en el escenario internacional, para no mencionar siquiera la protección del comercio marítimo, estaban más allá de sus posibilidades. Francia luchó en la tierra y en el mar en las dos guerras generales de mediados del siglo XVIII –la guerra de la Sucesión austríaca (1740-1748) y la guerra de los Siete Años (1756-1763). En cada conflicto, los recursos del país fueron exprimidos al máximo, y su vital comercio colonial fue perturbado por la marina británica. A cambio, no hubo ninguna ganancia; en realidad, Francia perdió, a manos de Inglaterra, grandes tajadas de su Imperio en la América del Norte y en la India.

 

 

 

Una de las principales dificultades para Francia era la estratégica.

Como potencia comercial localizada en una isla, Inglaterra podía concentrar virtualmente todos sus recursos en el poderío naval, que, a su vez, podía emplearse para proteger y aumentar el comercio colonial, del cual llegaban los ingresos fiscales necesarios para las aventuras militares. No era necesario mantener en el interior un gran ejercito permanente, y podían emplearse limitados subsidios financieros para ayudar o incitar a los aliados en el continente europeo en contra de Francia.

En cambio, Francia sufría las penalidades de su “geografía anfibia”, aspiraba ser, “al mismo tiempo la mayor potencia terrestre y una gran potencia marítima […] Parcialmente continental, parcialmente marítima, no podía, como Inglaterra (o Prusia y Austria), concentrar todas sus energías en una u otra dirección; quisiera o no, tenía que intentar ser ambas cosas”. Francia sólo podía tener esperanzas de derrotar a la que iba convirtiéndose en su principal enemiga, Inglaterra, si se mantenía fuera de toda guerra general simultánea en el continente y concentraba sus recursos en la guerra naval.

Una dificultad aún más fundamental para Francia era lo inadecuado de los recursos financieros del Estado. En parte por el bajo nivel de la riqueza nacional per cápita en Francia, comparada con Inglaterra, y en parte porque el sistema de tasación estaba viciado por las exenciones o deducciones de incontables élites privilegiadas –que incluían a funcionarios, aparceros, grupos comerciantes, e industriales así como a los clérigos y a la nobleza, la Corona francesa tuvo dificultades en conseguir suficientes ingresos para mantener prolongadas y repetidas guerras generales, especialmente contra coaliciones enemigas que incluían a Inglaterra. Antes que abandonar sus ambiciones marciales, la monarquía borbónica simplemente pidió prestado, con grandes tasas de interés, a financieros particulares, y aún más regularmente a los propios empleados de la monarquía. Además, la Corona continuamente pedía prestado, a corto término, y con intereses de sus incontables agentes financieros (pues no existía un tesoro unificado), simplemente ordenándoles pagar por adelantado, o en cantidad excedente a los ingresos que cobraban por virtud de sus cargos venales.

Conforme las repetidas guerras y derrotas empeoraron la situación financiera de la monarquía francesa, toda una sucesión de ministros de finanzas intentó reformar el sistema fiscal aboliendo la mayoría de las exenciones de los grupos privilegiados e igualando la carga a través de las distintas provincias y localidades. Los impuestos directos existentes a la agricultura y los impuestos indirectos a los artículos de consumo necesariamente continuarían en vigor, probablemente a tasas superiores para todos, ya que la Corona necesitaba, en último análisis, un mayor ingreso. Naturalmente, todos los grupos sociales ofrecieron resistencia a tales reformas. Sin embargo, la resistencia que más importó provino de los grupos prósperos y privilegiados que eran, a la vez, socialmente destacados y estaban estratégicamente colocados dentro de la maquinaria del Estado.

Los que más tercamente se resistieron a los intentos de la Corona por exprimir mayores ingresos fueron, indudablemente, los parlements. No siendo, nominalmente, más que una parte de la real administración, estas corporaciones jurídicas, situadas en París y en las principales ciudades de provincia, eran ante todo cortes de apelación para todos los casos civiles y penales; sin embargo, tenían, además, varias características que se combinaban para hacer de ellos la sede clave de la presión de la clase superior contra el poder real. Por una parte, los magistrados poseían sus cargos y por tanto no era fácil suprimirlos. Más aún: como cuerpos comunes, los parlements controlaban el acceso a sus propias filas. En segundo lugar, los magistrados invariablemente eran ricos; la mayoría, en formas asociadas con la exención de impuestos (sus fortunas no sólo incluían sus cargos, sino también una acumulación de bonos, propiedades urbanas y señoríos rurales). Además, desempeñaban un papel fundamental en la protección de la propiedad de los señoríos, en particular; pues, como tribunales de apelación para las disputas acerca de derechos señoriales, los parlements defendían esta “extraña forma de propiedad” sostenida tanto por nobles como por burgueses. Escribe Alfred Cobban “En realidad, sin el apoyo jurídico de los parlements todo el sistema de derechos señoriales se habría desplomado”.

En tercer lugar, por virtud de sus diversas fortunas, estilos de vida y residencia en los grandes centros urbanos (incluso los importantes centros regionales), los magistrados estaban notablemente “bien conectados”. Se casaban y se codeaban con miembros de la antigua nobleza (de “Estado”) y con quienes vivían de propiedades señoriales, así como con familias de nuevos ricos (y recientemente ennoblecidas mediante el comercio y las finanzas) Asimismo, “mantenían contacto con otros funcionarios, que aún no habían sido ascendidos a la nobleza y mantenían nexos con un grupo de menor prestigio social; a saber, los abogados.

Por último, los parlements poseían, por tradición, el derecho de argüir contra los edictos reales, los que consideraban como violaciones de las prácticas consuetudinarias del reino. En la práctica, esto significaba que, podían aplazar la puesta en vigor de las medidas políticas reales que les disgustaran, y en el proceso provocaban el debate público (sobre todo de la clase superior) al respecto. Su efecto fue, a menudo, hacer que el rey perdiera confianza en los ministros responsables de tratar de poner en vigor las medidas políticas objetables”.

Repetidas veces durante el siglo XVIII, los parlaments se opusieron a los intentos ministeriales de reforma fiscal. La resistencia era una causa generalmente popular y, además, las reformas propuestas habrían puesto fin a los privilegios de los grupos de propietarios ricos, como ellos mismos y de los señores, rentistas y otros funcionarios, a quienes estaban vinculados.  Finalmente, en 1787-1788, los parlaments “abrieron la puerta a la revolución”, al reunir a la clase superior y obtener apoyo popular, una vez más, contra las propuestas ministeriales de reforma, y al vocear su exigencia de que se reunieran los Estados Generales”.

De manera irónica, el comienzo de la crisis política revolucionaria llegó en la secuela de la única guerra del siglo XVIII de la que Francia salió indiscutiblemente victoriosa. Habiendo evitado dificultades en el continente, Francia obstaculizó a la marina británica en la guerra de independencia norteamericana. Pero “el precio que habría que pagar por la independencia norteamericana era una Revolución francesa”. Pues para financiar la guerra, sus tesoreros reales (1774 y 1778) finalmente llegaron al límite de sus capacidades de obtener nuevos préstamos, al mismo tiempo que aumentaban grandemente los gastos y la deuda reales. Los impuestos “fueron sobrecargados por última vez en 1780 y en 1781. Dentro de los términos del sistema existente de fiscalidad corroída por los privilegios, la economía no pudo soportar más”. Asimismo, como ya hemos indicado, después de 1770, Francia fue cayendo en una recesión económica cíclica general, circunstancia que redujo sus ingresos fiscales y los fondos de inversión y produjo bancarrotas entre los agentes financieros del Estado”.

“¿Por qué se desarrollaron las dificultades financieras de Luis XVI hasta llegar a una crisis general?”. ¿Por qué lanzaron una Revolución? Bosher responde que los acontecimientos de la sociedad francesa del siglo XVIII habían cerrado ya una vieja vía de escape:

Una de cada dos crisis financieras de la monarquía borbónica había culminado en una Cámara de Justicia que dirigía la atención pública hacia los contadores, recaudadores de impuestos y otros financieros (todos ellos funcionarios venales de la monarquía, de los que habitualmente tomaba prestado, en anticipación de los ingresos fiscales) como prevaricadores, y por tanto responsables de las dificultades. Pero durante el siglo XVIII, los recaudadores generales, recibidores generales, tesoreros generales, pagadores de las rentas y otros altos funcionarios se habían ennoblecido en tan grandes números, y se habían mezclado hasta tal punto con las clases gobernantes, que la Corona no estuvo en posición de establecer contra ellos una Cámara de Justicia. La larga serie de Cámaras de Justicia llegó a su fin en 1717. Los ministros de finanzas que intentaron algo similar a un ataque a los financieros, especialmente Terray, Turgot y Necker, sufrieron una derrota política y se vieron obligados a retirarse. En estas circunstancias, las dificultades financieras maduraron en una gran crisis.

En suma, cuando su incontrolable tendencia a la guerra llevó a la monarquía borbónica del siglo XVIII a una aguda crisis financiera, se encontró ante una clase dominante sólidamente consolidada. Esta clase dependía del Estado Absolutista, y estaba implicada en su misión internacional. Sin embargo, también tenía intereses económicos en minimizar los impuestos reales a su riqueza, y era capaz de ejercer presión política contra la monarquía absolutista por medio de los medios institucionales que controlaba dentro del aparato del Estado.

La crisis política revolucionaria

En 1787, las noticias del peligro financiero de la monarquía precipitaron una crisis general de confianza dentro de la clase dominante. En un esfuerzo por adelantarse a los parlements, el ministro de finanzas Calonne, convocó a la Asamblea de Notables (representantes de la clase dominante, de los tres órdenes) y les expuso un análisis de la situación financiera, y propósitos de reformas jurídicas y fiscales. Las propuestas claves exigían un nuevo impuesto a todas las tierras, sin que importara el que sus propietarios fuesen nobles o plebeyos, y el establecimiento de asambleas de distrito que representaran a todos los terratenientes, fuera cual fuese su posición jurídica.

No es de extrañar que los Notables rechazaran estas ideas; Calonne cayó, y fue reemplazado por Brienne, quien envió unos edictos que constituían una versión modificada de las mismas ideas, a los parlements. El Parlement de París se negó a registrar los decretos de Brienne y, con gran apoyo general, exigió la convocación de los durante largo tiempo disueltos Estados Generales. Ya no confiaba en que el absolutismo pudiese resolver los problemas del Estado y, temerosa por sus privilegios, la clase dominante quiso tener un cuerpo representativo que asesorara al rey y diera su aprobación a todo nuevo impuesto.

Al principio, el rey se negó, y procedió a pasar por encima de los parlements. Pero la resistencia cundió, especialmente en las provincias. Los parlements, provinciales, los Estados provinciales en los alejados pays d´état, y cuerpos extraordinarios creados por los nobles y/o el alto Tercer Estado, formaron un clamor contra el “despotismo” y en pro de los Estados Generales. Manifestaciones populares, especialmente de partidarios de los parlements, defendieron a los privilegies en contra de la Corona. Y no pudo contarse con todos los intendants, gobernadores militares y oficiales del ejército para suprimir la resistencia.

La renuencia de muchos oficiales a suprimir la resistencia fue un factor, junto con la continuada crisis financiera, de la final capitulación real, al convocar a los Estados Generales. Y la renuencia de los oficiales ayudó a difundir el caos administrativo y el desplome militar. Reclutados entre diferentes capas sociales privilegiadas –nobles ricos, no nobles ricos y nobles campesinos pobres- los oficiales tenían toda una serie de quejas ya de larga data. Es probable que la explicación decisiva del comportamiento de los oficiales se encuentre en el hecho de que virtualmente todos ellos eran privilegiados, social y/o económicamente. Por tanto, muchos se identificaron durante 1787-1788 con los parlements. (Estudios históricos comparativos concluyen: que en las sociedades preindustriales los oficiales de ejército por lo general se identifican con los intereses de los estratos privilegiados entre los cuales se les reclutó, y actúan para protegerlos) La predecible renuencia de los oficiales a reprimir la resistencia durante el período exacerbó las crisis de autoridad del gobierno, que a su vez desencadenó divisiones políticas y sociales, que finalmente hicieron imposible, fuese para el rey o para las facciones conservadoras de la clase dominante, el recurrir a la simple represión.

Convocar a los Estados Generales no sólo sirvió para resolver la crisis financiera, sino también para lanzar la Revolución. Muchos historiadores de la Revolución francesa afirman que la convocatoria a los Estados Generales condujo a la Revolución, porque hizo surgir a la burguesía capitalista, o bien al alto Tercer Estado, en el escenario político nacional.

Esto ocurrió cuando surgieron disputas sobre si los Estados Generales habían de actuar a la manera tradicional, votando por orden, o de una manera más unificada, votando por cabeza. Ciertamente esta disputa fue de importancia decisiva. La disputa intensificó la parálisis y condujo a la disolución del sistema administrativo del antiguo régimen, dejando así vulnerable a la clase dominante ante las implicaciones verdaderamente sociorrevolucionarias de las revueltas desde abajo.

En 1788 y a comienzos de 1789, la clase dominante francesa se hallaba virtualmente unida en su deseo de un gobierno nacional menos absolutista, más representativo. Pero no había ningún consenso acerca de qué principios habían de determinar exactamente quién estaba representado, y con qué poder institucionalizado. La convocatoria de los Estados Generales inevitablemente planteó preguntas antes las cuales la clase dominante se encontraría, potencialmente, más dividida. Los Estados habían de constituirse tomando representantes de toda la suma de comunidades, grupos y cuerpos comunes que formaban la sociedad francesa de 1789. El proceso mismo de constituir los Estados Generales desencadenó incontables conflictos de intereses y principios. Esto puede decirse especialmente de los estratos ricos y privilegiados que se hallaban complejamente divididos por pertenencia a Estados, grados de nobleza, tipos de propiedad, nexos regionales, afiliaciones a ciudades o al país, intereses ocupacionales, y así sucesivamente.

Además, no sólo incluía a los representantes del Tercer Estado, sino también a una sólida minoría de la nobleza, aclimatados por nacimiento y/o residencia regular, a la vida y a la cultura urbanas. En realidad, algunos de los principales dirigentes del Tercer Estado/burguesía “revolucionarios” eran aristócratas.

Esto no debe asombrarnos, pues lo que en realidad estaba en juego en la primera fase de la Revolución no era la estructura de clases o social y del Estado, sino la estructura del gobierno. Y un sistema representativo que subrayara la riqueza, la educación y el prestigio público en general, indudablemente tenía más sentido precisamente para los nobles, con sus antecedentes urbanos y sus nexos cosmopolitas. Así pues, compresiblemente, estaban más alejados de los nobles rurales, provincianos, resueltos a revivir una constitución política feudal, que de los representantes del Tercer Estado que, casi invariablemente, procedían de ciudades y poblados.

Pero, por lo demás, no se requerían contradicciones de clase o divisiones tan sólo de acuerdo con las líneas de los Estados Generales para lanzar la Revolución; las pugnas políticas multifacéticas dentro de la clase gobernante eran más que suficientes. Estos conflictos al principio paralizaron y luego desmantelaron el sistema administrativo del antiguo régimen, que, después, de todo, nunca se había basado más que en el desempeño rutinario de diversos cuerpos gubernamentales comunes y funcionarios venales, bajo la coordinación del rey, los ministros y los intendants. Mientras estos grupos e individuos disputaban entre sí en 1788 y 1789 sobre cómo debían constituirse los cuerpos representativos, y sobre qué quejas habían de plantearse al rey, las puertas se abrieron de par en par a la expresión del descontento popular. Algunos dirigentes de la clase dominante llegaron a fomentar la creciente participación popular, apelando a grupos populares urbanos en su ayuda en sus luchas por la “libertad”, definida de diversas maneras. Al principio los parlements, y luego los partidarios de la Asamblea Nacional participaron en este juego.

Ya en el verano de 1789, el resultado fue la “Revolución municipal”, una oleada de revoluciones políticas en todas las ciudades y en los poblados de Francia, incluyendo, desde luego, la célebre “toma de la Bastilla en París”. En el marco de las simultaneas crisis políticas y económicas de 1788-1789, multitudes de artesanos, tenderos, jornaleros y labradores recorrían las ciudades en busca de armas y granos, exigiendo pan y libertad. Los líderes más sagaces de la Revolución liberal, partidarios de la Asamblea Nacional, formaron nuevos gobiernos municipales, desplazando a los funcionarios nombrados por administración real, o a los leales a ella, y reclutaron a los más respetables líderes populares en milicias urbanas. A su vez, las milicias al mismo tiempo sirvieron de contrapeso al ejército real y ayudaron a guardar la propiedad y el orden urbano. Así, a comienzos del verano de 1789, las disputas dentro de la clase dominante por las formas de representación culminaron en una victoria de la Asamblea Nacional parisiense y de sus diversos partidarios liberales y urbanos por toda Francia. Y, junto con esta victoria, vino la devolución del control por los medios de administración y coacción, de la administración real normalmente centralizada, a la posesión descentralizada de las diversas ciudades y poblaciones, controladas, en su mayor parte, por partidarios de la Asamblea Nacional.

Desde luego, la Revolución municipal no fue más que el principio de un proceso revolucionario en Francia que pronto se haría más profundo, pasando de unas reformas constitucionales anti absolutistas a unas transformaciones sociales y políticas más fundamentales. Pues las luchas de las clases bajas y, ante todo, las de los campesinos, a quienes nadie de las clases dominantes había invitado a participar mostrarían una dinámica y una lógica propias. Y sin la administración real, la nobleza rural, especialmente, se encontraría sin defensas contra las revueltas desde abajo.

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[1] Jean-Baptiste Colbert fue uno de los principales ministros del rey de Francia Luis XIV, controlador general de finanzas, secretario de Estado.

[2] El desmonte consiste en manipular mecánicamente el suelo para extraer material arbóreo, arbustivo y herbáceo. Se hace con la finalidad de transformar el suelo virgen en suelo explotable por sistemas Agrícolas

[3] Terreno de labor que no se siembra durante uno o dos años para que la tierra descanse o se regenere.

Resumen: Jose Carlos Chiaramonte " Mercaderes del Litoral".

Resumen:

José Carlos Chiaramonte
"Mercaderes del Litoral"
Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, primera mitad del siglo XIX.
Introducción.
Pagina 21 a 54.

Introducción

La cuestión regional en el proceso de gestación del estado nacional argentino.

Luego de proclamada la independencia en 1816 cuando la guerra contra España entra en su última fase y se traslada lejos del Río de la Plata, parecía llegada la hora de afrontar la constitución definitiva de una nueva nación. La realidad, en cambio, fue el fracaso, por largo tiempo irreversible, de aquel propósito. Los años 1820 y 1826 dataron su impracticabilidad; y hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852 la organización estatal quedó reducida al mínimo y la nación continuó constituyendo un enigmático proyecto. Existía realmente una nación impedida de organizarse en una estructura estatal por remanentes adversos del pasado colonial, o lo ocurrido fue por el contrario, la manifestación de una realidad social ajena a ese supuesto?

Lo que sigue se guía por la segunda perspectiva, entendiendo que conviene para una mejor comprensión de lo ocurrido que: si existían factores de unión entre los pueblos rioplatenses que emergieron del desplome del imperio español, también es cierto que ellos no alcanzaban a conformar el fenómeno de una nación. Por eso, si repasáramos el conjunto de fenómenos atinente a producciones, comercio local, interregional y exterior, tendencias políticas, doctrinas constitucionales, emergencia del caudillismo y otras tantas circunstancias del período entendemos que entre todos ellos el rasgo más decisivo de la estructura social rioplatense en lo que respecta al problema nacional fue la inexistencia de una clase social dirigente de amplitud nacional capaz de ser el sujeto histórico de ese proceso.

La inexistencia de una nación en el Río de la Plata de la primera mitad del siglo XIX es: la inexistencia de una nación revelada fundamentalmente para el análisis histórico en lo que constituye el rasgo que consideramos más significativo del proceso: la inexistencia de una clase dirigente en el nivel interprovincial, la sola existencia de clases o grupos sociales de alcances locales.

Para revelar mejor su sentido y su valor como punto de partida, si exponemos la necesidad de revisar un supuesto (bastante difundido) respecto a la interpretación del hecho de la independencia. Se trata del criterio según el cual la independencia de las ex colonias ibéricas habría sido fruto de la maduración de una clase social, generalmente denominada burguesía a lo largo del período colonial tardío. Maduración que, una vez llegada a cierto punto, habría determinado que esa clase no pudiera ya encontrar cabida a su desarrollo en el seno de la vieja sociedad y necesitara romper las estructuras coloniales, tomar el poder y dar lugar al nuevo período histórico que posibilitaría su desarrollo y con él de una sociedad nueva.[1]

Sin embargo, un punto de vista más verosímil  y distinto: la independencia de las ex colonias ibéricas habría sido más bien efecto conjugado del derrumbe de los imperios ibéricos, de la presión acrecida a todo lo largo del siglo XVIII, de la nueva potencia dominante en la arena mundial, Inglaterra, y de los factores de resentimiento y disconformidad existentes en casi todas las capas sociales americanas hacia el dominio colonial.[2] La independencia, entonces, sobreviene cuando el grado de maduración de los principales sectores sociales de las colonias estaba aún muy lejos de permitir trascender los particularismos regionales o locales.

Lo que acabamos de apuntar en esta breve justificación introductoria  entraña un criterio básico de este trabajo, que conviene tornar más explicito. En un examen de la cuestión regional en Argentina como cuestión nacional, consideramos que el centro del problema está en el análisis de la estructura social.[3] Nuestro interés fundamental será intentar una evaluación de las relaciones sociales características y de sus transformaciones, que pueda dar cuenta de los conflictos interregionales

La cuestión regional ha sido considerada tradicionalmente como la cuestión de los obstáculos que se interpusieron en el camino de la organización nacional. Desde esta perspectiva, habría desde un comienzo quienes tendían a la unidad nacional y quienes se oponían a ella; quienes representaban al “partido de la nación” y quienes representaban al “partido de la fragmentación”. Habrían existido, así fuerzas nacionalistas y fuerzas antinacionales desde el momento mismo de la independencia, división que obliga entonces a postular partidos de lo nacional y partidos de la disolución y, por consiguiente, a suponer una fuerza social que encarnaría los intereses nacionales.

Por lo tanto, nos parece más fructífero considerar distintas situaciones que puedan ser abonadas con la información de que disponemos, sin dar por supuesto lo que no existía y tratando en cambio de establecer las tendencias nacionales y las opuestas que se gestaban al mismo tiempo y frecuentemente en unos mismos grupos sociales. En efecto, ambas tendencias se generaban, clara o confusamente según las circunstancias, en el seno de las fuerzas sociales que contendían, en el agitado panorama interregional de la primera mitad del siglo; lo común era, naturalmente, que la necesidad de constituir una nación se entreviese bajo la forma de la satisfacción de los intereses locales sin mengua alguna. La cuestión regional como cuestión nacional será entonces la historia de un largo proceso en él que las distintas fuerzas contrapuestas, las fuerzas provinciales, deberán cambiar para que de ese cambio surjan las posibilidades de negociar una solución, un compromiso, que dé jugar a la nación constituida.

LA REGION-PROVINCIA

La afirmación de que la misión histórica de la burguesía ha sido la formación de las naciones modernas es demasiado general y a medida que avanza la historiografía de la edad moderna surge un panorama en el cual las cosas no transcurren tan claramente como ella lo hacía suponer.[4] Comencemos entonces por tratar de establecer la naturaleza histórica de las clases pasibles de ser consideradas como burguesías nacionalistas en la Argentina de la primera mitad del siglo XIX.[5] Intentaremos en cambio un análisis de las situaciones para la que disponemos de información adecuada y algunas inferencias sobre el conjunto a partir de tal análisis. Para ello, deberemos enfrentarnos con la unidad sociopolítica de mayor vigencia en el período, la provincia, cuyo espacio define gran parte del conjunto de problemas económicos, sociales y políticos de la época.

Luego de la independencia, el escenario en que se desenvuelven los fenómenos regionales está condicionado por una circunstancia fundamental: el derrumbe de las viejas autoridades  -Virrey, Audiencia, Intendentes- el declive progresivo hasta su extinción de la del Cabildo, y el deterioro de la Iglesia que perderá por mucho tiempo la función que tuvo en el período colonial.  En este vacío de poder que caracteriza la vida social de las provincias rebeladas contra el estado español, dado el fracaso de las nuevas autoridades surgidas a partir de mayo de 1810 en la mayor parte de su cometido, el resultado será la fragmentación política expresada en la existencia hacia 1826 de 14 provincias autónomas.

Sin embargo, el proceso no condujo directamente a esa fragmentación. Hay un breve lapso en el cual las unidades políticas que suceden al dominio español son más amplias y reflejan la diferenciación política del ex virreinato. En el Interior, en 1814, se crean 4 intendencias-Salta comprende la provincia homónima, Jujuy y Orán; Tucumán incluye Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero; Cuyo lo integran Mendoza, San Juan y San Luis; Córdoba, la provincia del mismo nombre y La Rioja- y hacia 1815 el triunfo artiguista se traduce en la constitución de la Liga de los Pueblos Libres que une a la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Estas unidades políticas resisten muy poco tiempo. Las que serán definitivamente las unidades menores –provincias- que recorrerán el largo proceso hasta la unidad nacional, se van separando paulatinamente[6]. Entre 1814 y 1820 Corrientes y Entre Ríos formaron parte de la Liga de los Pueblos Libres bajo el dominio artiguista; en 1820 integran la República Entrerriana que proclama Francisco Ramírez al separarse de Artigas y que incluye también a Misiones; en 1821 Corrientes se rebela contra el dominio entrerriano, a la muerte de Ramírez, y se convierte en provincia autónoma, incorporando en 1827 el territorio de las Misiones. Por su parte, Santa Fe permaneció bajo el dominio de Buenos Aires hasta 1815, en que impuso su autonomía.

Esta unidad de análisis, la provincia es en realidad una dimensión, la más sólida de lo que podemos llamar región en la Argentina de la primera mitad del siglo XIX. Provincia región unidad sociopolítica, primer fruto estable del derrumbe del imperio español que representa el grado máximo de cohesión social que ofreció la ex colonia al desaparecer las instituciones anteriores. Por un lado se trata de explicar por qué la disolución de la antigua estructura virreinal cristaliza en unidades de esas dimensiones, de esa naturaleza. Por otro lado, el porqué de la no desaparición de todo tipo de vínculo entre ellas, de manera que a lo largo del siglo el proyecto de nación logró sobrevivir hasta llegar a tiempos más propicios.

En el primer problema, se trata de advertir, ante todo, que el hecho de que las estructuras más resistentes al proceso de disolución que siguió a la independencia, las únicas que lograron afirmar condiciones para continuar los procesos productivos y comerciales, las únicas capaces de establecer un rudimento de organización social para mantener el orden, fueron esas unidades que llamamos provincias. ¿En qué consistían? una ciudad y el área rural cercana que domina. Esto es, una ciudad de cierta importancia por su pasado colonial como centro comercial o político, o ambas cosas a la vez; una ciudad de concentración, aunque sea mínima, de elementos sociales capaces de afrontar una administración; con vinculaciones con la campaña que por tradicionales a la vez que estrechas permitían su control por el centro de residencia de la autoridad política. Si vemos bien las cosas, es casi como advertir que la disolución de la vieja maquinaria del estado español en las Indias se tradujo por una reversión al mínimo posible de cohesión política. Un mínimo que, según las provincias, puede aún estrecharse algo más: cuando los grupos sociales tradicionales fracasan en su intento de mantener una estructura política, es decir, cuando se les hace imposible garantizar un espacio para el juego de los intereses sociales, los fundamentos de la cohesión se estrechan aun más – no en el sentido espacial sino político – y un régimen de instituciones representativas, por más menguada que fuera su real eficacia, dejará lugar al dominio de una figura individual, el caudillo o subsistirá subordinado a él.

Una explicación tradicional de este fenómeno remitiría, a la vez al papel clave de los núcleos urbanos surgidos en el proceso de la conquista y asentamiento españoles, a los efectos en ellos del aislamiento debido a las distancias, dentro del nivel de las comunicaciones del período colonial, y a la debilidad de los vínculos administrativos del estado español en las Indias. [7] El supuesto fundamental de esta concepción reposa en el concepto de localismo: el espíritu localista “…hostil a todo lo ajeno, complacido en la propia suficiencia y habituado a su soledad, soportando con decoro la pobreza y alimentando con orgullo el recuerdo de una ilustre prosapia y una ascendencia hidalga..” según el mismo punto de vista, el localismo municipal, nacido así del aislamiento, convertirá las ciudades en provincias y luego de la independencia logrará suprimir el engranaje de las intendencias para borrar todo rastro de subordinación de unas ciudades respecto de otras. Ese localismo limitó las tendencias a unidades regionales mayores, imponiendo la división del futuro país en ciudades-provincias. Con los mismos fundamentos se explicaría también la peculiar relación ciudad-zona rural dependiente, en la que el núcleo urbano domina la zona circundante y extiende su nombre al conjunto; conjunto que, en definitiva, constituirá la sustancia de la futura provincia.[8]

El desarrollo de la historia social y económica argentina ha mostrado que, a la medida de la época, fuertes y perdurables flujos comerciales las unían con mayor intensidad de lo que se creyó tradicionalmente. La observación vale también para el período posterior a la independencia, cuando los efectos de guerra y luchas civiles nos muestren, la intensidad e importancia de aquellos vínculos. Sin embargo, el espíritu localista fue una realidad y lo será todavía a lo largo del siglo XIX; la realidad, última y primaria, de las unidades económicas, sociales y políticas ciudad-provincia[9]. Se requiere entonces una explicación de lo que fue la sociedad colonial y poscolonial y la disgregación, a la vez económica y política, que mostrará el siglo XIX, al mismo tiempo y sin perjuicio de los vínculos comerciales que, con fuertes fluctuaciones, seguirán desarrollándose durante el período.

Al filo del desplome del poder español, “los pueblos reasumen la soberanía”, de hecho o derecho no importa aquí, y llevan al fracaso los intentos de nueva centralización del poder, fracaso definitivo al rechazarse los intentos de organización constitucional posteriores a la independencia. En un primer momento las entidades convocadas por el Reglamento del 1815 fueron las ciudades. Pese a que el Estatuto de 1815 prescribe la representación por provincias,  se va concediendo a la ciudad el carácter de realidad política fundamental del posible nuevo país. Ciudad –o provincia, extensión del papel de una ciudad – constituyen así los nuevos protagonistas de las primeras etapas de vida independiente. El hecho de que, dentro de esa creciente mercantilización de la vida económica colonial, tanto la existencia de vínculos reales entre aquellas ciudades-provincias, como la no existencia de vínculos suficientes para fundar un estado luego de la independencia, se corresponden con el predominio de un tipo de capital, el capital comercial (comercial y usurario) que en el siglo XVIII había desarrollado su dominio sobre la producción y su papel primordial en la vida económica colonial.

PARTICULARISMO PROVINCIAL Y DOMINIO DEL CAPITAL COMERCIAL

La imagen del aislamiento local tiene fuertes asideros en la realidad, particularmente en la configuración del espacio colonial. Como se observará: los límites del territorio efectivamente ocupado distaban mucho de los hipotéticos de las jurisdicciones políticas. Es que, salvo la región cercana a Buenos Aires “hacia la época de su creación, los territorios que abarcaba el Virreinato del Río de la Plata (1776) no eran otra cosa que un extenso desierto, con islas de población diseminadas en torno a diversos centros productivos o defensivos, unidas intermitentemente por las caravanas de carretas que movilizaba el comercio o barridas por los malones indígenas que practicaban aquella otra forma del mismo basada en el robo de ganados”.

El fundamento de esa configuración lo constituía el dominio del sector mercantil sobre la vida económica colonial. El capital comercial cumple las funciones de movilizar las producciones requeridas por el tráfico interregional y colocar las mercancías que recibe de otras regiones o de la metrópoli. Si bien los metales altoperuanos siguen constituyendo  el objetivo primordial del orden económico colonial, otras producciones van perfilando su futura importancia, como ocurre con los cueros del Litoral. Tanto para la movilización de esos productos como de otros necesarios a las economías locales, el sector mercantil desarrolla una función dominante, al amparo del sistema de monopolio. Esa función consiste tanto en proporcionar la estructura necesaria para la circulación mercantil como el financiamiento de las producciones locales, bajo las formas típicas de la época: créditos, “habilitaciones”, préstamos propiamente dichos. En el primer caso, el intercambio de productos metropolitanos por la plata altoperuana; al amparo del sistema de monopolio, constituye la principal función, como hemos dicho, del sector mercantil rioplatense. En el otro aspecto, el capital comercial cumple las funciones de promover y sustentar la expansión de la producción mercantil en las condiciones históricas de inexistencia de un capital industrial independiente. El centro de esta red de funciones lo constituye la ciudad: mercado para el intercambio de los productos metropolitanos por el metálico o por aquellos productos que poseían demanda fuera del ámbito local; mercado para las producciones rurales indispensables a la subsistencia de la población urbana; mercado de crédito para esos intercambios  y- fuera en metálico o, por lo general, en mercancías- para los productores rurales o urbanos.[10] Las informaciones disponibles indican que esta forma de relaciones de producción persiste por lo menos a lo largo de la primera mitad del siglo. En otros casos, el dominio comercial opera a través de la propiedad de la unidad productiva, como en las manufacturas de curtido con mano de obra esclava de Corrientes aprox entre 1815 y 1840. Asimismo, los grupos mercantiles locales controlaban el negocio de la exportación de ganado en pie a Chile y la vitivinicultura mendocina o el tráfico de mulas de Salta. Solo aquí, donde existía una tradición de gran propiedad señorial que dominaba a la población indígena en condiciones serviles, el grupo dominante se había transformado, a través de los vínculos de parentesco, en grupo, a la vez mercantil y rural que dominaba el comercio y la producción ganadera y agrícola, fusión que con rasgos distintos, también se dará en Buenos Aires luego de la independencia y será característica de la burguesía mendocina, comprobada, por lo menos, en las primeras décadas de la segunda mitad de la centuria.

Ese dominio del capital comercial sobre la producción generará, como veremos más adelante, pautas características en las sociedades provinciales, uno de cuyos rasgos más sobresalientes, y más significativos  para la historia rioplatense, será el particularismo regional.  Si bien es cierto que el particularismo provincial seguirá caracterizando la vida económica y política rioplatense, también es cierto que, de acuerdo con los datos disponibles y con las más recientes interpretaciones, el proceso de la independencia habría sido acompañado por una crisis de los viejos sectores mercantiles y un reemplazo de ellos en su función dirigente, en la economía y en la política por los productores rurales, cuyo ascenso se habría expresado políticamente en la figura del caudillo.

En la medida en que el papel dominante del capital comercial pueda haberse prolongado a lo largo de la primera etapa de la vida independiente, podemos preguntarnos por sus efectos sobre la conformación regional del posible país. Entre esos efectos se destacan, por su trascendencia en el proceso histórico estudiado, la preeminencia económica y social de las burguesías mercantiles características de aquellos centros urbanos frente a los productores rurales o urbanos, y su tendencia a la autonomía política local.

El dominio del capital comercial sobre la producción se funda en el intercambio no equivalente, característico de las transacciones en las que, sobre la base de no existencia de un mercado interior, el comerciante funda una parte sustancial de su ganancia en el efecto de su posición monopolista, monopolista de hecho, en el mercado de este período (posición monopolista que deriva de su exclusividad en el acceso al mercado, en el conocimiento de las condiciones mercantiles de su localidad y de las localidades lejanas y de otros factores emergentes, muchos de ellos, de su posición en la estructura social).

Similar situación se repite en la producción industrial en la que bajo variadas formas de trabajo a domicilio, el comerciante habilitaba la producción artesanal, fenómeno mejor conocido que el referente a la producción rural. Esta forma de “habilitar” al productor, realizada en metálico, funda el intercambio, no equivalente tanto en el momento del anticipo de mercancías, acentuado por el precio abultado de las mercancías rioplatenses y europeas que entrega el comerciante. La operación refleja la ventajosa posición del comerciante que conoce las condiciones del mercado y que al mismo tiempo posee la capacidad de habilitar al productor. Tal habilitación es una forma, en definitiva, de financiamiento de esa producción, que el productor no está en condiciones de buscar en otra fuente dada la situación de relativo aislamiento que lo condena el sistema de comunicaciones de la época. Aun más: si quisiéramos ahondar en la significación de este tipo de relaciones de producción, podríamos afirmar también que revela la no existencia de un mercado interior en el que se elaborasen los precios correlativos al supuesto intercambio equivalente, en el que las mercancías se cambiasen por su valor proporcional, estimado en el “tiempo de trabajo necesario”; concepto que remite a su vez a otro elemento el mercado interior capitalista no existente en el Río de la Plata, el mercado de trabajo.

Las variadas formas del crédito mercantil sirven de vehículo al dominio del comerciante sobre el productor y formalizan el intercambio no equivalente, fundamento de la ganancia comercial característica de esa forma de capital “precapitalista”.

Cuando el intercambio no equivalente se generaliza como forma decisiva de los intercambios, se orienta necesariamente hacia el ámbito municipal, dentro del cual el poder político puede intervenir para imponer este tipo de intercambio, y hacia los tráficos más lejanos, y en los que por lo tanto se prevé como máxima la ganancia.  Si la expansión de la producción pecuaria  para el mercado exterior, que comienza y continuará desarrollándose vinculada al papel del capital comercial, propone el problema de estimar en qué medida y en qué momentos los caracteres  de esa expansión pueden ir generando otras condiciones, podemos señalar, por lo pronto, que un factor característico del período continuará siendo, pese a los efectos sociales que la ruralización de las bases del poder lleven consigo en muchos espacios provinciales, incluso en Buenos Aires, la posición privilegiada del capital comercial en el comercio de exportación e importación realizado del puerto.

Al respecto, es necesario aclarar una curiosa confusión que deriva de los avances de la historiografía reciente, unidos a un inconsciente efecto ideológico. Sabemos que la independencia hace entrar en crisis al sector mercantil porteño y también al del interior y que en gran parte la presencia de españoles y criollos en ese sector es sustituida por la de los comerciantes ingleses, afincados en Buenos Aires y con operaciones que se extendían al interior del Río de la Plata. Aún así, considerando que los ingleses desplazan a los nativos de la mayoría de las posiciones en el comercio exterior rioplatense, lo cierto es que no por eso dejan de integrar el sector mercantil de esa economía que controla el comercio exterior. Si consideramos que la presencia de los mercaderes ingleses es uno de los más importantes factores de la crisis del sector mercantil rioplatense, estamos ante un equívoco: crisis, sí, de los mercaderes tradicionales hispanos o criollos, pero no tanto crisis del sector mercantil, en la medida en que ese sector se integra con esos más afortunados competidores de sus colegas hispanoparlantes. Por consiguiente, del hecho de que resulta problemático por ejemplo, incluirlos dentro del concepto de “clase dirigente de Buenos Aires”, por su condición extranjera y su relativo distanciamiento de la sociedad criolla, no se sigue que haya que olvidarlos en el análisis del sector dominante de la economía.  Si consideramos las cosas, entonces, la perspectiva del análisis de los grupos sociales, comprobamos que el principal de ellos en aquella provincia es un conjunto de fuertes mercaderes y propietarios de tierra, criollos o ingleses.

De manera que, encontramos todavía el predominio del capital comercial, entre otros motivos, por la persistencia de una situación en la que el crédito mercantil es resorte vital del sistema, dada la inexistencia de un sector bancario moderno, como el que surgirá en la segunda mitad del siglo. Aunque, por otro lado, el peso creciente de la gran propiedad pecuaria en los patrimonios familiares genere condiciones para la transformación de esa situación, cosa que ocurrirá con el pleno acoplamiento al mercado mundial capitalista que comenzará a cumplirse con el cambio de coyuntura, externa e interna, de la segunda mitad del siglo.

LAS ECONOMIAS PROVINCIALES

Hemos visto que los intentos de constituir unidades políticas con cierta extensión cercana a la que corresponde a la conformación política del ex virreinato fracasan rápidamente. En su lugar, surgirán en forma estable, pese a la agitada vida política de la época, las unidades menores provinciales.  La naturaleza de su éxito como forma estatal elemental pero perdurable; la de las contradictorias relaciones de cada una con las demás, afirmando la autonomía pero sin llegar a disolver totalmente un vínculo que, posteriormente, servirá de base a la unidad nacional: la de su compleja realidad, que coexiste, en cierto momento, junto a otra, que llamamos región –que parecería tener una fisonomía más clara y una unidad más justificable, en términos geográficos, y que, sin embargo, subyace desdibujadamente bajo el proceso social y económico del período –todos estos son aspectos sustanciales de un proceso que culminará, muy tardíamente, con la formación del estado nacional argentino.

Es de notar aquí un equívoco de lenguaje: solemos referirnos, por ejemplo, a las economías regionales cuando en realidad tratamos de economías provinciales. Este equivoco recubre, el meollo del problema que afrontamos cuando nos proponemos estudiar la cuestión regional en la primera mitad del siglo: el hecho de que, al no existir la nación, las unidades políticas reales son las provincias,[11]. Es así que el ordenamiento regional colonial, una vez hecho trizas y la desaparición de la unidad política colonial, va desdibujándose mientras se refuerzan los rasgos del mundo económico y social emergente de la independencia: la desaparición de un Estado, la emergencia de los estados-provincias. Es decir que asistimos a la pérdida de significación de cierto ordenamiento regional, a la emergencia en su lugar, de las soberanías provinciales y al proceso hacia un nuevo ordenamiento regional en función del mundo exterior: el vuelco hacia el Pacífico, hacia Bolivia y Perú, hacia Uruguay y Brasil.

¿Cuáles eran las economías correspondientes a esa configuración regional-provincial? Luego de la guerra de independencia  y de las luchas civiles, las provincias litorales padecen los graves efectos de aquellos conflictos.[12]

Mientras Santa Fe y Entre ríos marchan a la mono producción ganadera y Corrientes intenta defender sin mayores logros las posibilidades de expandir su más diversificada economía, Buenos Aires vive la mejor conocida historia de la conjunción de sus sectores comercial y ganadero en una notable expansión pecuaria que sirve tanto al mercado externo (cueros, carne salada y otros productos ganaderos) como al mercado local de carne para consumo. Esa expansión, a la vez territorial y productiva, compensa en cuanto concierne al mercado externo el declive de las zonas que se habían expandido a fines del período colonial (el sur correntino, Entre Ríos, la Banda Oriental).

En cuanto al interior, señala Halperin, las consecuencias del proceso de la independencia son menores de lo esperado. Mejor preservado el orden interno que en el Litoral por la inexistencia  hasta 1820 de guerras civiles prolongadas y por la menor incidencia bélica, pudieron comenzar a corregirse las consecuencias de las guerras de la independencia antes que en el Litoral. Si bien la guerra aisló al interior, que había funcionado como intermediario mercantil entre Buenos Aires y el Alto Perú y Chile, desde 1817 la liberación de Chile y la recuperación de la economía chilena le abre nuevamente el acceso al mercado trasandino. En el transcurso de la década de 1820 resurge el comercio de exportación hacia el oeste de los Andes (mulas para la minería, ganados vacunos para abasto y saladeros, junto a productos como el jabón cuyano y las frutas secas de toda la zona andina). La reapertura  de este mercado llega oportunamente, pues, al mismo tiempo, comenzaba a debilitarse el mercado del Litoral, y Buenos Aires para la vitivinicultura cuyana debido a la competencia europea. La vid entre nuevamente en crisis y retrocede ante los avances de la alfalfa para el ganado de exportación y el trigo, que tiene mercado incluso en Buenos Aires debido a la protección que esta implanta para su propia agricultura frente a la competencia exterior. Las provincias de la “ruta chilena” recuperan así una cierta prosperidad –especialmente Mendoza- sin llegar, empero, a los niveles prerrevolucionarios.

La recuperación se da, pero más limitada, también en el Norte. La estimula la independencia del Alto Perú, transformando en la República de Bolivia (1825), aunque se trate de un mercado muy disminuido y que se provee de productos internacionales a través del Pacífico. En compensación, los salteños intentan desarrollar la ganadería y la agricultura y hasta buscar la salida atlántica a través de a navegación del Bermejo y del Paraná, con escasas perspectivas.

Las provincias del interior mediterráneo –Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán- sienten mejor los efectos de la expansión de las exportaciones. La ganadería se extiende en las tres provincias y aún en Tucumán deja de orientarse exclusivamente al mercado local. Además, la cría de ganado –vacuno y molar- para el tráfico hacia Chile se expande en estas provincias así como en los llanos de La Rioja, desde donde las arrias de mulas cruzan San Juan hacia los Andes. Por esta expansión ganadera, esta zona se vincula con la “franja de oasis” al pie de la cordillera, donde se extienden los potreros de alfalfa destinados al descanso y rehabilitación del ganado en tránsito.

De tal manera, la producción primaria del interior se recupera de los efectos de la revolución.

La decadencia de las artesanías fue menos rápida que la del comercio; la textil recibió algunos golpes de la apertura del comercio libre con la Europa industrial[13] .

De tal manera el interior afronta los cambios pos revolucionarios con menos perjuicios que los que era dable esperar. Sin embargo, el futuro no parece propicio: “…lo que le permite sobrevivir es la adhesión sucesiva a soluciones económicas de efímera vigencia…” la vasta zona es incapaz de incorporarse de modo estable a la nueva economía marcada por la relación más íntima con las metrópolis industriales y financieras de Europa”.

Por su  parte, durante el resto del período que se cierra hacia comienzos de la segunda mitad del siglo la economía bonaerense mantiene los rasgos fundamentales de la estructura productiva y comercial de la década inicial de su expansión ganadera.[14] Sin embargo, esta ganadería continua con buenas perspectivas el reemplazo de la explotación vacuna por la ovina, ayudada por una importante inmigración de mano de obra europea  (irlandeses, vascos, gallegos) que, al mismo tiempo, proveerá buena parte de los propietarios de estancias ovinas al sur de Buenos Aires o de los aparceros en tierras más alejadas.

Las provincias del Litoral argentino muestran en este período un desarrollo no homogéneo, pese a lo que se acostumbra considerar. Por un lado, Santa Fe y Entre Ríos marchan también hacia el predominio de la producción ganadera para la exportación, pero con retardo y mayores dificultades que Bs As. Este proceso de desarrollo ganadero las convierte en dependientes de la más poderosa vecina, a cuya política terminarán secundando luego de un comienzo reticente durante el inicio de las negociaciones de la Liga del Litoral (1831). En ellas, el debilitamiento de su vieja capa mercantil durante el proceso posterior a la independencia acentúa la ruralización de la vida económica y social, en la que participan ahora propietarios de Bs.As.

La provincia de Corrientes tiene, en cambio, una historia económica y social distinta. Si en la mayoría de los espacios provinciales consiste en el debilitamiento del viejo grupo mercantil y el ascenso de los productores rurales  que, en algunos casos, parecen tomar en sus manos el proceso de comercialización, la provincia de Corrientes muestra otras facetas. Como hemos visto, la economía de la provincia de Corrientes, devastado el sur ganadero durante las luchas civiles, siguió conservando el predominio del triángulo noroeste caracterizado por una cierta diversificación productiva. En esta provincia, la ciudad capital conservaba el predominio social y político sobre la campaña, característico de la etapa final de la colonia.[15]

El área central del interior (Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán) comparte, cada una en distinta medida, la orientación hacia el Litoral atlántico con la del Pacífico. El área del norte (Salta) se inclina hacia el mercado alto y bajo peruano, aunque también se vincula con Chile, mientras que el área andina –Mendoza, la provincia de San Juan, el oeste riojano y Catamarca y las zonas de San Luis, Córdoba, Santiago del Estero y los llanos riojanos, que producen ganado para Chile –se vuelve a la producción para el mercado chileno. En efecto, el renacimiento de la producción minera chilena a partir de 1831, primero con la plata y más tarde con el cobre, que estimula el desarrollo de la agricultura chilena, produce también efectos similares en el interior andino argentino. Esta cierta prosperidad de las provincias andinas, señala Halperín, se refleja en gobiernos consagrados a la reconstrucción económica con amplio apoyo de la población, pero se acompaña de tensiones sociales, que estallarán en las décadas siguientes, derivadas del despojo de tierras o aguas a poblaciones antiguas, mucho más densas que en el Litoral. Allá, el problema es poblar la tierra: aquí, el problema es vaciarla de aquella población innecesaria para la coyuntura.

Se acentúa entonces en la Mesopotamia una reconstrucción que ya venía de antes. Las rutas de Río Grande do Sul y de Montevideo, ya mencionadas, escapan al control porteño y el ganado en pie de Corrientes y nordeste de Entre Ríos se exporta a través del Uruguay hacia los saladeros riograndeses.[16] Desde Concepción del Uruguay hasta Gualeyguachú el sureste entrerriano conoce una súbita prosperidad. La prosperidad se difunde y favorece la vida urbana; en los puertos se afincan los comerciantes, casi todos extranjeros que se han dedicado previamente al cabotaje fluvial.

El resto del litoral se recupera con más lentitud: la ruta fluvial del Paraná puede ser mejor controlada por Bs As y no hay salidas alternativas como las que brindan las tierras contiguas al Uruguay. Más lentamente aun, se incorpora a la recuperación Santa Fe; en el sur de la provincia propietarios locales y también porteños comienzan la explotación de estancias en terrenos baldíos. [17].

Tanto en el Interior como en el Litoral, los avances económicos son también los de los nexos con áreas limítrofes extranjeras. El peligro es muy real y son muchos, comenta Halperín, los que piensan que para afrontarlo es necesario reemplazar el sistema que se asienta sobre la hegemonía porteña por otro que signifique una real unificación política, suprima las barreras anteriores y elimine las ventajas que Bs As ha conservado celosamente.

EL CAPITAL COMERCIAL EN LA EXPANSION GANADERA

Después de esta descripción del panorama económico argentino posterior a la independencia, se pueden ver las distintas líneas de tensión que deciden en la configuración regional. ¿Cuál es el fundamento de los estados provinciales? Señalamos la incidencia del binomio ciudad-campaña que, con escasas variantes, funda la existencia de los estados provinciales. Detrás de él encontramos una estructura económica caracterizada por la coexistencia de un conjunto de poblaciones que viven en una economía de auto subsistencia con eventuales accesos al mercado, productores mercantiles de nivel artesanal, urbanos y rurales, y un sector mercantil dominante en el que junto a mercaderes que controlan comercio y producciones se irá destacando la producción pecuaria para el mercado externo de gran parte de las provincias. De allí que el papel primordial de la ciudad a la vez mercado productor, consumidor y financiero y centro político administrativo – función heredada del pasado colonial- pueda verse debilitado, según los casos, por el ascenso de la campaña.

Pero,  el proceso  hay que entenderlo como el paso de un dominio indiscutido del comerciante urbano sobre las producciones de nivel artesanal  urbanas o rurales, a una situación en la que se van desarrollando unidades productivas mercantiles de mayor envergadura, fundamentalmente pecuarias, y en la que por lo tanto el grupo social más fuerte se va transformando por la asociación de comerciantes y productores mercantiles, sea que esa vinculación cobre forma de empresas unitarias –frecuentemente familiares- o no. A falta de una industria capitalista dominante ¿estamos ante un capitalismo agrario que ha subordinado al sector comercial? No parece ser eso lo sucedido en el Río de La Plata de la primera mitad del siglo XIX. La posición dominante, en los distintos espacios económicos regionales (regiones-provincias) del capital comercial es herencia del pasado colonial en el que cumplía la función de intermediario entre las colonias y las economías metropolitanas.[18]

Hay en la información disponible suficientes datos para considerar que estamos por lo menos en un momento intermedio en el que si bien se van desarrollando una cantidad de rasgos que prefiguran la estancia de la segunda mitad del siglo, sobre todo en la cría de ovinos, las unidades económicas más fuertes son una conjunción de actividades mercantiles y pecuarias en las que predomina aún el control mercantil. Por ejemplo, en los primeros tiempos alrededor de los años 1820 1830, el viejo mercader porteño o uno de sus hijos continuaba al frente de la casa de comercio, mientras otro de los hijos o algún otro miembro de la familia organizaba y dirigía la estancia y, al mismo tiempo, fuera en sus manos o en la de otros familiares, se desarrollaban actividades de comercio y acopio en la campaña, se poseían medios de transporte propios –terrestres fluviales o marítimos (costeros)- se poseían barracas sobre el riachuelo y un puesto en el mercado ganadero de la ciudad, además de tiendas, sin que faltasen, en ocasiones, habilitación de actividades artesanales y comerciales a cargo de terceros. Incluso los saladeros, las unidades económicas más identificables, en el caso de las de mayor envergadura como empresas capitalistas –constituían en el caso de los de mayor desarrollo, manufacturas con división del trabajo y mano de obra libre- suelen estar integrados en la empresa mercantil. “En las familias que poseían saladeros o estancias ovinas, el mercader estanciero cambió claramente hacia el tipo de gran mercader”.

Cabe considerar, que el grupo económico que predominaba en el negocio de la ganadería de exportación era el de mercaderes, extranjeros y nacionales, que en una buena porción del mismo puede ser llamado mercader-estanciero. Junto a él existía,  un amplio sector de ganaderos que, en su mayor parte, poseían el carácter de pequeños y medianos productores, subordinados, a través de los mecanismos de financiamiento, acopio y comercialización, al otro sector. [19]

Un aspecto que tampoco ha sido puesto en claro es el del financiamiento de aquella expansión ganadera que, si bien facilitada por la escasa incidencia del gasto en tierra, requería otros rubros de inversión –compra de ganado, por ejemplo- para los cuales la gran cantidad de pequeños y medianos ganaderos no tendrían otro recurso que la habilitación u otra forma de crédito mercantil. De tal manera, la antigua y poco fructífera discusión sobre el carácter feudal o capitalista de la estancia argentina de la primera mitad del siglo, es obviada llevando el problema de la naturaleza histórica de aquella economía al ámbito de una forma de empresa mercantil-ganadera que continuaría aún revelando una prolongación, pronta a desaparecer, del dominio del capital comercial en la economía rioplatense.

LA CUESTION DE BUENOS AIRES

Si hay algo que permitía el acceso al nudo de la cuestión nacional en esta etapa de la historia argentina, es la llamada “cuestión de Buenos Aires”. Por una parte, la lógica de la economía mercantil proveniente del período colonial tendía a ver la cuestión de Buenos Aires, como la de la necesaria eliminación de los privilegios político-económicos que aquella disfrutaba. Redistribución de los ingresos aduaneros y aranceles protectores expresaban lo sustancial de esa tendencia en el plano de la política económica, mientras el federalismo parecía definir su programa de organización estatal.

Desde esta perspectiva Buenos Aires era un mal inevitable que era preciso controlar ya que no podía ser suprimido, fundamentalmente respecto de un problema considerado por lo general como el meollo del asunto: el problema de la aduana.[20]

El monopolio de esos ingresos por una de las provincias ponía en sus manos una enorme e insalvable distancia en cuanto a la posibilidad de montar un aparato de estado y, en consecuencia, de costear los recursos necesarios para imponer por la fuerza sus intereses. La economía pecuaria bonaerense  -esto también concernía a provincias que, como Santa Fe y Entre Ríos poseían intereses similares a los de la Buenos Aires- propugnaba por el librecambio en cuanto favorecía el intercambio con el exterior y posibilitaba reducir los costos de la explotación ganadera [21]

Sin embargo, el problema de la aduana era aún más complejo.[22] El problema de la aduana no podía ni puede formularse como el del dominio físico del puerto, pues constituía un aspecto de la estructura infantil no capitalista del Río de la Plata, puesta en contacto con el mercado mundial en desarrollo. La nacionalización de la ciudad de Buenos Aires, o de la provincia, proyecto intentado por los rivadavianos, constituía, en este aspecto una solución simplista. La nacionalización de la Aduana de Bs. As no era función de una medida administrativa fruto de una ocasional transacción política. La nacionalización de la aduna solo podía resultar de la nacionalización de la economía argentina, esto es, de la formación de un mercado nacional.

Pero por otra parte, una segunda tendencia modificaba sustancialmente la cuestión de Buenos Aires. Era la que derivaba del progresivo acceso al mercado mundial a través de la producción pecuaria para la exportación y el desarrollo de la producción ganadera momentáneamente integrada –una integración no necesariamente armónica -, con los sectores mercantiles de cada provincia. En las condiciones abiertas por el librecambio posterior a la independencia, la expansión de la producción ganadera a todas las áreas en las que existían condiciones de rentabilidad llevó consigo la necesidad y posibilidad de un contacto sin restricciones con el mercado externo por parte de provincias como las del Litoral; Córdoba y aun otras del interior.  Para estas provincias, Buenos Aires era una fuente de perjuicios a la vez que una pieza imprescindible en la integración a la economía mundial, de necesario control, además, para la conciliación del comercio importador con los intereses vinculados a las producciones locales. [23] En función entonces del desarrollo de esos vínculos económicos con el mercado exterior atlántico, se fueron dibujando rasgos de diferenciación regional, unidos a los que generaban las vinculaciones con las economías de países limítrofes.

EL PARTICULARISMO PROVINCIAL

Si asistimos ya a un proceso de cierta división del trabajo, entre el Litoral y el interior, no puede decirse lo mismo dentro de cada conjunto regional, salvo en la reducida escala de ciertos intercambios tradicionales. En la misma forma en que no podemos hablar de la existencia de un mercado nacional, tampoco parece posible hacerlo de mercados regionales.

Estamos lejos de poder hablar de una real integración regional. Esas presuntas regiones son más bien conjuntos escindidos por las divisiones provinciales: divisiones administrativas, rentísticas, mercantiles, militares. De la misma manera que el país en bosquejo, las futuras regiones son aún esbozos, en los que parte de la economía fuerza en una dirección y la estructura social en otra. Porque el nudo de la cuestión consiste en que son la estructura social y sus expresiones políticas las que imponen, a través del fuerte particularismo provincial, otra realidad, realidad ceñida a los límites de los estados provinciales, aunque la conformación económica que le dio origen estuviese en proceso de transformación.

Aquella vieja estructura económica en la que nuevos procesos de producción mercantil se desarrollan con distintas características según los casos, se corresponde con los rasgos de la vida política argentina de la primera mitad del siglo. La vida provinciana rioplatense, incluida la de la propia Buenos Aires, fue modelada en esos cauces, que mostraron prolongado vigor. La ruralización de la vida social rioplatense modifica algunas de esas pautas con manifestaciones inéditas, como lo fue la presencia armada de masas rurales en las disputas en torno a la cosa pública, pero sin variar los aspectos sustanciales de esa sociedad: la preeminencia de los grupos propietarios, no comprometida por la acción de los caudillos, la hegemonía sobre los sectores populares que asegura el mismo caudillo, el fuerte particularismo provincial, que comparten los nuevos sectores movilizados en el caudillismo, la preeminencia de las solidaridades personales o familiares sobre las programáticas, entre otras.

La presencia de la gran propiedad rural no deja de trastornar expresiones políticas tradicionales de las burguesías mercantiles. En este sentido, es útil comparar la formación del estado correntino con el de las provincias vecinas del Litoral. Mientras en Corrientes el dominio del grupo mercantil, prolongado a través de las luchas abiertas por la independencia, se expresa en un relativamente organizado aparato estatal, dentro de las condiciones del período, en Santa Fe y Entre Ríos el debilitamiento del sector de mercaderes y la mayor incidencia de la propiedad rural se corresponde con el clásico poder caudillista, común a otras provincias argentinas. En Corrientes asistimos a una temprana formulación constitucional con un régimen representativo funcionante, con una organización rentística, administrativa y militar más efectiva de lo que es común advertir en el período, y con gobernadores que se suceden en el poder según las normas constitucionales, al punto de lograr encauzar legalmente las rivalidades políticas agudizadas al comienzo de los años treinta. El peso en el estado correntino de  los sectores urbanos, incluso populares, como el batallón de artesanos, es notoriamente mayor.

Esta distinta conformación socioeconómica se tradujo en una distinta política frente al problema de la organización nacional, que hizo de Corrientes la piedra fundamental de las políticas antirrosistas durante el período. Comprimidas las posibilidades de expansión mercantil por los efectos de la política libre cambrista y de la hegemonía bonaerense sobre la navegación de los ríos y la aduana, Corrientes enfrentó la política de Rosas en el proceso de constitución de la Liga del Litoral con una irritante demanda de proteccionismo económico y de urgente unificación nacional, e intentó organizar tras su liderazgo a las provincias del Litoral y del interior. Finalmente derrotada, hubo de resignarse a suscribir el Pacto Federal que dilataba indefinidamente la organización nacional, luego de haberse retirado de las negociaciones en señal de protesta.

En cambio, es posible inferir que la resignación de las tentativas de hacer funcionar regímenes representativos realmente válidos por las elites mercantiles de casi todas las provincias, ante el poder personal de los caudillos, apoyados en la movilización de las masas rurales, refleje en el nivel político esa relación nueva y contradictoria entre los grupos mercantiles y el crecimiento de la importancia de la propiedad rural, dado que lo común en la historia del capital comercial, en cuanto atañe a sus avances sobre la producción, es vincularse con productores directos, generalmente pequeña propiedad artesanal, urbana o rural. Mientras que en esta etapa del desarrollo de la economía rioplatense, en cuanto economía orientada al mercado pero aún no capitalista, la relación con la gran propiedad rural lo pone en contacto con una situación social más completa: la expresada en la relación social propietario-peón.[24] El fenómeno de la ruralización de las bases del poder y de la emergencia de regímenes de caudillo expresa esa nueva situación social e indica, en el plano político, uno de los efectos más difíciles de controlar que en una economía todavía tributaria del capital comercial, emerge de la vinculación por más débil que sea en esta primera mitad del siglo, al mercado mundial capitalista en desarrollo.

Por otra parte, lo que no existe al filo de la caída de Rosas es una clase social dirigente que pueda llamarse nacional, al menos en el de poseer una solidaridad y fusión de intereses en el ámbito de lo que se concebía como bases de la nación posible. Lo que existe son grupos dominantes locales, burguesías mercantiles o mercantil/rurales. Si se nos permite la expresión, que controlan la producción y comercio locales, en las que los lazos de parentesco predominan en la constitución de las empresas y cuyo espíritu particularista predomina en los hechos sobre los posibles conatos nacionalistas.

Los límites que la naturaleza mercantil precapitalista de las burguesías provinciales imponía a sus relaciones recíprocas explican la dificultad de su fusión en una clase nacional. Las tendencias nacionalistas existentes en todo el ámbito rioplatense, apoyadas, entre otras razones, sobre la necesidad de organizar los vínculos con el exterior, no alcanzaban aquellos límites.

El proceso de expansión económica bonaerense por ejemplo, es usufructuado por una clase dirigente mercantil-estanciera cuya tendencia más notoria no es hacia la unificación nacional sino hacia la preservación del statu quo: un mínimo de vinculación con el resto de las provincias que a la vez que permita el mantenimiento de los lazos económicos  referidos y una mayor fuerza en las negociaciones con el exterior, haga también posible la exclusividad del aprovechamiento de las ventajas naturales de la provincia, expresadas en el control de la navegación de los ríos y en el del comercio exterior a través de la aduana. El particularismo de esa burguesía mercantil, fracasado en años anteriores en los intentos de unificación nacional bajo su hegemonía, al par que exitoso en impedir la unidad a costa de sus privilegios, tenderá tanto bajo el período rosista como posteriormente durante el predominio de la política mitrista, a obstruir toda política de organización nacional que implique el sacrificio de aquellos intereses particularistas. En este cometido, la alianza con parte de las provincias del Litoral será vital para el predominio de la política de no organización  nacional durante el período.

La existencia de una provincia del Litoral marítimo y fluvial, con el gran puerto del comercio exterior y con las características culturales y políticas de su centro urbano, fue tradicionalmente el gran motivo de escándalo y discordia para el resto de las provincias argentinas. Sin embargo, paradójicamente fue también el gran factor de unión, quizás el más firme elemento en que se apoyaban las tendencias nacionalistas en pleno proceso de disgregación política.[25]

Lo más llamativo del período lo constituye la emergencia del estado provincial, al mismo tiempo es posible ir advirtiendo los cambios que a largo plazo el proceso económico y social va produciendo en el sentido de promover una configuración regional más amplia.[26]

Tenemos entonces que al producirse la independencia, los intentos de conformar nuevas entidades políticas sobre la base de cierta uniformidad regional, según el patrón de las viejas intendencias, fracasan. [27]. Pero esta configuración regional era por demás débil si trascendemos al punto de vista geográfico. Y las razones de esto se encuentran, como vimos, en el tipo de estructura económica y social que no generaba más vínculos económicos entre las provincias que los de circulación mercantil del tipo ya descrito.[28]

Por otra parte, la historia de la primera mitad del siglo apunta a la conformación de regiones económicas más amplias que engloban en conjuntos de provincias argentinas con parte de los países vecinos. Ante la inexistencia del estado nacional, esos vínculos económicos pueden amenazar con desarrollar una solidez mayor que los que unen a esas provincias con lo que sigue siendo el centro visible de la posible nación: Buenos Aires.[29] Para una perspectiva, insistimos en la que la nación existente a fines del siglo XIX fue un fruto del proceso histórico y no la tardía formalización de una realidad ya existente al filo de la independencia, importa saber que estos distintos esbozos de solidaridades fundadas en nexos económicos, nexos políticos y tradiciones de diverso tipo- constituyeron factores de peso en las tensiones políticas rioplatenses.

Los cambios internos y la percepción de una nueva coyuntura internacional posterior al promediar del siglo renovarán las nunca extinguidas tendencias hacia la unificación nacional. Sin embargo, la nueva situación política existente en Buenos Aires al caer Rosas no bastará, ni mucho menos, para asegurarla. La coalición del resto de las provincias no bastaría al logro de la unificación nacional, serían necesarias transformaciones más profundas, emergentes de los cambios económicos y sociales que se irán dando en la segunda mitad del siglo para producir la fusión de intereses de varios de los principales grupos provinciales con parte de los de la misma Buenos Aires, dejando en el camino, derrotados, los viejos intereses particularistas, tanto bonaerenses como del interior. Porque, a diferencia de lo que se suele interpretar, en el proceso de organización definitiva de la nación, que va desde la Constitución del 53 al ajuste definitivo del 80, el triunfo no es de esa “oligarquía porteña”, que con expresión de escasa realidad histórica definiría un inmenso grupo social desde 1820 en adelante y con la que se quiere designar a una clase que representaría los intereses porteños y que había conseguido derrotar a los provincianos luego de una serie de vicisitudes no siempre favorables. Por el contrario, lo derrotado en el 80 son los sectores políticos, incluido el más tradicional de Buenos Aires, que expresaban aquellos particularismos provinciales gestados a fines del período colonial y fortalecidos durante las primeras etapas de vida independiente. Y lo que triunfa y hace realidad la organización nacional es la conjunción de parte de los viejos protagonistas, transformados en el proceso de paulatina integración del país en el mercado mundial, que conciliaron sus intereses en pos del objetivo que les permitía disfrutar de las brillantes perspectivas que al promediar el siglo ya se habían advertido en la posibilidad de tal integración. Es ese mismo proceso de conjunción que culmina en el 80, el que marca también la cristalización de una clase social nacional, distinta de los grupos particularistas que habían caracterizado la historia anárquica argentina de la mayor parte del siglo XIX, con expresiones políticas que, como el partido mitrista de Buenos Aires, vieron desaparecer las razones de su existencia.

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[1] Según esta perspectiva, las burguesías iberoamericanas habrían echado abajo, así el viejo edificio colonial, aprovechando la coyuntura abierta por las guerras napoleónicas, y habrían iniciado una nueva etapa histórica durante la cual deberían aún pagar tributo a los resabios del pasado colonial, antes de lograr su gran cometido histórico: constituir las nuevas naciones.

[2] [2] Estos últimos factores, si bien pesaron decisivamente en la emancipación, no alcanzan a dar cuenta del proceso de independencia estallado en aquella coyuntura

[3] Fundamentalmente, en el intento de aclararnos los sujetos sociales que configuran el panorama regional de cada período y que juegan en el proceso que culmina en la organización del estado nacional.

[4] Sin embargo, en la medida en que por lo menos en cierto momento del proceso las burguesías de los países europeos se convirtieron en portadoras de la ideología nacionalista, la analogía histórica implícita en aquella interpretación de la historia latinoamericana obliga a suponer la existencia de burguesías como clases sociales dominantes, o con voluntad de serlo, en el momento de la independencia y en las décadas posteriores a ella.

[5] Como veremos, la historia económica regional argentina padece una sensible escasez de trabajos de utilidad, el análisis de la estructura social es aún más deficiente, deficiencia agravada por las dificultades que son propias en general de la historia de las clases sociales. Este trabajo no podrá ofrecer, ni mucho menos, un panorama de la conformación regional de las fuerzas sociales que protagonizan la historia argentina del siglo XIX.

[6] Salta 1815-Tucumán 1819-Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Entre Ríos y Catamarca 1820- Corrientes 1821-Jujuy 1834. Entre 1814 y 1820 Corrientes y Entre Ríos formaron parte de la Liga de los Pueblos Libres bajo el dominio artiguista; en 1820 integran la República Entrerriana que proclama Francisco Ramírez al separarse de Artigas y que incluye también a Misiones; en 1821 Corrientes se rebela contra el dominio entrerriano, a la muerte de Ramírez, y se convierte en provincia autónoma, incorporando en 1827 el territorio de las Misiones. Por su parte, Santa Fe permaneció bajo el dominio de Buenos Aires hasta 1815, en que impuso su autonomía.

[7] Desde tal punto de vista, no existió en la organización política de la época colonial una cohesión suficiente para generar una subordinación efectiva de unas ciudades respecto de otras debido a que no existía contacto entre las respectivas zonas de influencia, de modo que las jerarquías establecidas por la administración colonial no tenían expresión en la realidad.

[8] En lo territorial colonial de lo que será la Argentina había 13 ciudades cuyos nombres, con una sola excepción, serán los de otras tantas futuras provincias (la excepción, la constituyó la provincia de Entre Ríos con su capital entonces llamada Bajada del Parná).

[9] también será rasgo característico del siglo XIX, heredado de la historia colonial y del proceso de la independencia

[10] De tal manera, las habilitaciones de los artesanos urbanos, el trabajo a domicilio para producciones rurales o urbanas, los préstamos en metálico para operaciones mercantiles de diverso tipo y otras formas del crédito, tenían en los grupos mercantiles su fuente por excelencia; eran ellos –fuese por cuenta propia o por la de sus comitentes del centro mayor, en este caso Buenos Aires para el Interior o España para los porteños- quienes disponían de la liquidez o de las mercancías necesarias para tales propósitos. En unos casos, grupos de mercaderes urbanos ejercían su hegemonía sobre una economía de pequeños productores (pequeña producción campesina y artesanal). Tal es el caso de los labradores que cultivan trigo en zona cercana a Buenos Aires, de los pequeños ganaderos-curtidores de Tucumán y Corrientes, de las tejedoras de lana de Santiago del Estero y Córdoba, de los productores de tabaco correntinos.

[11] y lo regional, por lo tanto, más que ser expresión de diferenciaciones internas a una unidad casi inexistente es cauce de hipotética integración de las unidades menores, las provincias; integración fracasada en el primer momento posterior a la independencia al diluirse las provincias mayores

[12] Santa Fe y Entre Ríos se encuentran con su producción ganadera dramáticamente disminuida y con su contenido debilitado y sin perspectivas. Corrientes, que ha sufrido similares efectos en la ganadería intenta apoyar las distintas producciones mercantiles de su triángulo noroeste, cercano a la capital, donde la ganadería mayor y menor alternan con el algodón, maíz, caña, tabaco, frutales y en la que también se destacan la producción de maderas de construcción y algunas industrias urbanas, como la de cueros curtidos y la naval (de nivel artesanal). Pese a la política fuertemente proteccionista del estado correntino, las perspectivas del dominante sector comercial no son promisorias cuando llega la hora de enfrentar nuevamente la guerra civil a fines de la década de los treinta.

[13] especialmente el algodón catamarqueño, ya agonizante, que aun en la época colonial competía mal con la producción peruana y quiteña- Pero sus productos de lana resisten todavía la competencia del extranjero, más caro y de menor calidad. Y aun compiten bien en el mercado del Litoral.

[14] La expansión continuará como fruto de la persistencia del proceso de ocupación de nuevas tierras, aunque su ritmo habrá de decaer a mediados de los años cuarenta como resultado, entre otros factores, del desarrollo ganadero mesopotámico y oriental, vinculado a los saladeros de Río Grande do Sul y competidor, con precios más bajos, de la ganadería bonaerense.

[15] El grupo social dominante consistía en una fusión de mercaderes y productores mercantiles diversos, con una fisonomía mucho más próxima también al pasado colonial que la de las otras provincias del Litoral marcadas por la creciente ruralización de su vida económica. Pese a estos desarrollos, hacia el final del período el sur correntino participará, junto a la ganadería de Santa Fe, Entre Ríos y la del Uruguay, en la creciente vinculación a la economía ganadera de Rio do Sul, generando en el ámbito litoral las tendencias regionales “centrifugas” que afectaron también otras provincias.

[16] Los puertos entrerrianos sobre el Uruguay envían a Montevideo cueros, tasajo y sebo. Aun durante el segundo bloqueo de BsAs la hostilidad política no impide a Urquiza la relación comercial.

[17] La expansión del litoral no significa riesgo para la economía porteña: antes de 1852, en los mejores años, las exportaciones de tasajo entrerriano alcanzan al 10% de las porteñas, pero es indudable que esa limitada prosperidad se debe a las zonas que pueden escapar al control de Buenos Aires.

[18] En el interregno abierto por la independencia y que habrá de desembocar en una nueva forma de dominación económica externa, generalmente denominada dependencia, el papel del capital comercial se prolonga con las comentadas innovaciones que lleva consigo la paulatina pero aún débil incorporación al mercado mundial

[19] Posiblemente, otro factor que ha facilitado aquel anacronismo al que aludimos antes, consista en juzgar la envergadura de la propiedad ganadera por la extensión de la tierra ocupada –en propiedad o en enfiteusis- y no por el precio de mercado de la misma que, aunque en ascenso, era aún acentuadamente bajo, al punto de hacer considerar la inversión en tierras, en los comienzos de la etapa, casi despreciable dentro de la inversión inicial.

[20] En primer lugar, el hecho de constituir la fuente por excelencia de los recursos de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, del posible estado nacional. Entre 1822 y 1829 los ingresos aduaneros representaron alrededor del 80% de las rentas de aquella provincia.

[21] por sus efectos sobre el consumo de la población efecto que, además, contribuía a reducir tensiones sociales que podían emerger de la población urbana. Por el contrario, provincias del Interior, o en el Litoral, las producciones agrícolas y artesanales, tanto por lo que las mercancías extranjeras pudieran afectar los mercados locales todavía defendidos por la protección natural de las distancias expresada en altos costos de transporte, como por el efecto mucho más real para la época que la competencia del exterior ejercía en el sentido de comprimir o vedar el mercado del Litoral para sus mercancías, efecto particularmente sensible, por ejemplo, para los productos de la vitivinicultura cuyana o de las artesanías textiles de Córdoba y otras provincias.

[22] Las aspiraciones provinciales de nacionalizarla, prorrateando sus ingresos y manejando las tarifas con fines proteccionistas, encontraban obstáculos mucho más profundos que la resistencia de Buenos Aires a resignar su privilegiado monopolio aduanero. En la renuncia a resolver por la fuerza la cuestión – y hubo momentos en que las provincias coligadas pudieron haberlo intentado- no debió contar solamente el cálculo sobre las posibilidades de convertir en definitiva una momentánea derrota porteña, sino también el de las escasas posibilidades de conciliar los intereses particularistas provinciales, cuyas producciones y comercio eran naturalmente competidores mutuos y cuya división del trabajo era muy limitada con excepción de ciertos aspectos de las relaciones de Buenos Aires con el interior.

[23] Lo mismo vale para otras provincias que, aunque no tuviesen productos a colocar en el mercado europeo, o no les fuera posible colocarlos en las condiciones creadas por las distancias y las características del transporte de la época, participaban de los beneficios de las otras en virtud de la ampliación de mercados que ella significaban para sus producciones, como era el caso de las de Cuyo

[24] Por añadidura, ello ocurre en un momento histórico en que las masas rurales en toda Hispanoamérica habían sido recientemente sustraídas a la disciplina del trabajo en aras de las luchas por la independencia, movilización efectuada por lo general mediante programas de naturaleza igualitarista que calaron hondo en la conciencia popular e hicieron más que difícil la necesaria tarea de reinsertarlos en el mundo productivo

[25] Y no queremos referirnos con esto a los efectos de la política bonaerense, tendiente tanto a impedir la organización, como a conservar un mínimo de unidad en cuanto ella era factor fundamental para su propio desarrollo, sino a los efectos de la existencia misma de Buenos Aires dentro del resto de las provincias; al hecho de que la satisfacción de múltiples intereses provinciales exigía la anulación de los privilegios que disfrutaba Buenos Aires y de que ello solo fuera posible en el cauce de una organización nacional que la englobara y que arbitrase los intereses encontrados

[26] Hemos visto que al amparo de la inexistencia de un poder central y ante las exigencias de una economía debilitada por las luchas armadas y comprimida en sus posibilidades de desarrollo por el período de dificultades que vive la economía mundial entre el fin de las guerras napoleónicas y la mitad del siglo, las provincias se vuelcan a las posibilidades que su ubicación geográfica les brinda. Es el caso de las vinculaciones con Chile de una parte de ellas, con Bolivia de otras, con el sur brasileño y el Uruguay de las litoral.

[27] La configuración regional que esos proyectos dibujaban tenía cierto asidero en la realidad, fundado en motivos de orden geográfico y económico, de vínculos históricos debidos a la proximidad espacial o a otras razones, como las derivadas del ordenamiento administrativo hispanocolonial.

[28] Estas configuraciones regionales tuvieron alguna proyección en las luchas sociales y políticas del período. En unos casos- Liga del Interior, liberado por el general Paz-,se trataba de una unión transitoria derivada predominantemente de la estrategia militar y tendiente a apoyarse en la más genérica oposición interior Buenos Aires. En otro caso –Liga del Litoral-, las mismas razones se unieron a la emergencia de reivindicaciones regionales más definidas que, sin embargo, no mostraron el vigor suficiente para asegurar su perduración.

[29] No se ha intentado una evaluación precisa del peso de unos y otros nexos, que permita estimar hasta qué punto era real el peligro, pero basta saber que en la conciencia política de la época constituyó una preocupación que estimuló en parte en los protagonistas la tendencia a la unificación nacional.